Vecinos del barrio La Gloria de la Peregrina denunciaron una nueva amenaza vinculada a fumigaciones con agroquímicos fuera de la zona permitida. La Asamblea Paren de Fumigarnos responsabiliza al Municipio por incumplir la cautelar vigente que prohíbe aplicar agroquímicos a menos de 1.000 metros de las viviendas.
En el Partido de General Pueyrredon, el uso de agroquímicos en zonas rurales cercanas a viviendas y escuelas mantiene desde hace más de una década una disputa judicial. El conflicto se agudizó cuando la Asamblea Paren de Fumigarnos denunció una amenaza de muerte contra uno de sus integrantes, vecino del barrio La Gloria de la Peregrina, luego de haber señalado reiteradas aplicaciones ilegales de plaguicidas en terrenos linderos a su vivienda.
El hecho ocurrió el 17 de octubre, cuando el vecino, amparado en la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, fue abordado por un productor denunciado en 2024 por fumigar frente a su casa. Según la denuncia radicada en la Comisaría 14 de Sierra de los Padres, el agresor lo tomó del cuello y lo amenazó de muerte “si volvía a denunciarlo”. La Justicia dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros para el acusado.
Desde la asamblea ambiental expresaron que “esto ocurre porque la Municipalidad de General Pueyrredon no cumple con el control ni la difusión de la medida cautelar, que prohíbe fumigar a menos de 1.000 metros de los núcleos poblacionales”, y reiteraron que “no se trata de una dádiva ni de un reclamo político, sino de una cuestión de salud pública”.
La causa judicial en curso, originada en 2014 a partir de la ordenanza 21.296, mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de las zonas urbanas. La Corte provincial, que volvió a intimar al Municipio en mayo de 2025, ordenó la difusión pública de la medida, la notificación individual a los productores y la presentación periódica de informes de control.
Sin embargo, la Dirección de Gestión Ambiental y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) reconocieron, en su último informe ambiental anual, haber recibido solo 15 denuncias formales entre junio de 2024 y mayo de 2025, principalmente en El Boquerón y La Gloria de la Peregrina, las áreas con mayor conflictividad. De esas denuncias surgieron 35 inspecciones y 5 actas de constatación, enviadas al Juzgado de Faltas.
El organismo sostiene que “el aumento de la presencia del ente fiscalizador en el terreno actúa de disuasivo”, aunque las organizaciones vecinales advierten que las inspecciones suelen realizarse fuera del momento de la aplicación, lo que impide registrar infracciones en flagrancia.
La Asamblea Paren de Fumigarnos considera que la falta de control estatal agrava el conflicto: “A cada fumigación ilegal se suma ahora la violencia contra quienes denuncian. Pasamos del envenenamiento a las amenazas”, expresaron en un comunicado en el que responsabilizan al Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante y a los organismos técnicos locales y nacionales.
Entre los puntos señalados, acusan a Gestión Ambiental y EMSUR de “no controlar en tiempo y forma las denuncias”, a Producción de “no promover la producción agroecológica pese a integrar la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama)” y a Bromatología e INTA de “no difundir los resultados de análisis sobre presencia de plaguicidas en alimentos, agua y aire”.
El reclamo se da en un contexto más amplio: estudios de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Grupo Aguas confirmaron la presencia de glifosato y otros plaguicidas en cuerpos de agua superficiales y subterráneos de la región, en particular en zonas periurbanas donde el 90 % de los hogares no accede a agua potable de red. El investigador Leonardo Lupi, director del grupo, explicó que “la contaminación del agua está directamente vinculada con el modelo productivo intensivo en agroquímicos y la ausencia de políticas de control ambiental sostenidas”.
La problemática sanitaria también tiene antecedentes judiciales. En 2024 se desarrolló en Mar del Plata la primera causa penal por fumigaciones ilegales en el barrio Félix U. Camet, donde se comprobó que las aplicaciones afectaron la salud de tres personas, entre ellas un adolescente con diagnóstico de necrosis tubular aguda asociada a exposición a glifosato. En esa ocasión, el Juzgado Correccional N.º 4 estableció una indemnización y la obligación de cesar las prácticas antirreglamentarias.
A pesar de los fallos, los controles siguen siendo parciales. En los barrios rurales de Mar del Plata, La Peregrina, El Boquerón, El Paraíso y Sierra de los Padres, persisten los reportes de fumigaciones a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua. Para las organizaciones, se trata de un problema estructural que combina la falta de fiscalización, la presión de los intereses productivos y la ausencia de políticas integrales de transición agroecológica.
“No vamos a ceder ante ninguna amenaza, porque defendemos el aire que respiramos, el agua que bebemos y el alimento que llega a nuestros platos”, reiteraron desde la Asamblea. Mientras tanto, la resolución definitiva de la Suprema Corte bonaerense, que debe determinar la constitucionalidad de la ordenanza que regula las distancias de fumigación, sigue pendiente desde hace más de diez años.