El gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, doctor Héctor Ruiz Moreno, expondrá el 31 de octubre en la jornada que organiza el Colegio de Ingenieros de la Provincia e Buenos Aires en Mar del Plata sobre las modificaciones necesarias a la normativa que atrajo más de 9.400 millones de dólares en inversiones desde 2016.
La Ley 27.191 de Energías Renovables, sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner y prorrogada a través de sucesivas administraciones, enfrenta se enfrenta al final de su periodo. Los beneficios fiscales y las metas de participación en la matriz energética vencen en diciembre de 2025, y el sector reclama una prórroga que garantice la seguridad jurídica y estabilidad fiscal.
Ruiz Moreno definió las prioridades del sector: “Lo único que le interesa al inversor hoy por hoy en la renovación o en la prórroga de esta ley es seguridad jurídica, estabilidad fiscal, y el respeto a los derechos constitucionales en emprendimientos de esta naturaleza“, afirma. El representante de la Cámara, que agrupa a los principales inversores en energía eólica y solar del país, descarta que las metas de penetración sean el tema central del debate. “No es ni difícil ni complejo”, sintetiza sobre los cambios que considera necesarios.
La norma, votada inicialmente por unanimidad en el Congreso, atravesó diferentes gestiones sin interrupciones significativas y según Ruiz Moreno “no ha habido ni pausa ni parate. Ha habido, sí, un diferente ritmo, pero las inversiones han sido constantes”.
Entre las empresas que lideran el impulso de las energías renovables se puede mencionar a YPF Luz, Central Puerto, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Genneia y Aluar, entre otras. Los proyectos, explica, son de largo plazo y requieren financiamiento externo de organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación y empresas extranjeras que operan con subsidios de sus países de origen.
“Estos proyectos se amortizan en el largo plazo, pero además se tienen que financiar, y ese financiamiento en general es externo“, señala. Por eso, insiste, lo que estos actores demandan es un marco regulatorio que garantice la inversión en términos jurídicos y evite la aparición de nuevos impuestos o tasas no previstas originalmente.
Uno de los puntos que la Cámara considera esencial es la certeza fiscal. Ruiz Moreno recuerda los intentos de jurisdicciones locales del sur del país de establecer hace dos años un “impuesto al viento”, una exacción que habría implicado un costo significativo sobre las inversiones.
Aunque el suelo pertenece a cada provincia, el concepto de la energía, explica, es “un activo del país en su totalidad”. Por eso, considera fundamental que la nueva ley o la renovada promueva la adhesión de las provincias a la prohibición de imponer tasas o impuestos que modifiquen las condiciones aprobadas inicialmente.
“Si la ley nueva o la vieja renovada promueve la adhesión de las provincias a esto de que ninguna provincia, ningún municipio puede imponer tasas o impuestos que modifiquen las condiciones, sería fenomenal”, sostiene.
Consultado sobre la interacción entre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y el sector renovable, Ruiz Moreno reconoce que “el Rigi es una muy buena norma, fue una muy buena iniciativa del gobierno”, pero advierte que no todas las inversiones en energías renovables alcanzan el piso de 200 millones de dólares requerido.
“Hay muchos parques que son de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, y esos parques van generando productividad en los lugares donde se asientan”, explica. Describe cómo campos absolutamente improductivos se vuelven rentables cuando sus dueños contratan con un canon anual o semestral la instalación de un parque eólico o solar. “Una especie de Rigi para las energías renovables, que sería esta norma, es fundamental”, concluye.
Más allá de la seguridad jurídica, el sector enfrenta otro desafío estructural: la falta de crecimiento del transporte en media y alta tensión. Ruiz Moreno advierte que las líneas de alta tensión están “casi saturadas” y que quedan muy pocos lugares donde se puede inyectar energía. “Sobre todo no hay líneas específicas para las energías renovables“, subraya, algo que es indispensable para que el sector continúe su expansión.
Un parque solar se construye en once meses, frente a los tres o cuatro años que demanda una central térmica. Un parque eólico, en año y medio. “Si se dan estas cosas que nosotros pedimos, en dos años, tres años, cuatro, a lo sumo se duplica” la inversión actual, proyecta. Eso implicaría, no sólo la duplicación de los 9.400 millones de dólares ya invertidos, sino también trabajo, obras, caminos, puertos de aguas profundas, rutas específicas y toda la logística asociada.
Sobre la meta original del 20% de participación de energías renovables en la matriz para 2025, Ruiz Moreno estima que actualmente el sector se encuentra entre el 17% y el 18%. Descarta que alcanzar ese porcentaje sea un problema, dada la velocidad de construcción de los parques: “En un año o dos años lo tenés cumplido a esa meta y a otras metas mayores”
Un dato no menor es el impacto en las tarifas de los consumidores, que en resumidas cuentas, significa una reducción de costos que se podría observar “en el mediano y largo plazo”. El referente explica que la energía renovable es “súper eficiente” y que compite mano a mano con el gas y la hidráulica, con tecnología que continúa mejorando.
“Esto sucede en el mundo, ¿por qué no va a suceder acá?”, plantea. Aclara que aún no se ve ese impacto porque las energías renovables representan solo 5.000 megavatios de los 43.000 a 45.000 megavatios del sistema eléctrico nacional. Pero proyecta: “Imaginemos cuando en vez de 5.000 megavatios sea la mitad de la matriz energética argentina. Obviamente que se va a ver en los precios, sin ninguna duda”.
Si el Congreso no logra sancionar una prórroga antes de que culmine 2025, Ruiz Moreno anticipa “un impasse legislativo importante” que podría llevar a que algunas inversiones previstas no se concreten. Reconoce que el proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado por mayoría, pero falta el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se discute artículo por artículo.
Aun así, mantiene el optimismo: “Somos optimistas, creemos que la ley se va a prorrogar”. Y advierte que, con el marco regulatorio adecuado, “las inversiones se van a duplicar en dos años”