En vísperas de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional aprobó mediante decreto un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, destinado al fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
La medida, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, forma parte del “Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)”, que busca reforzar la política sanitaria del Gobierno frente a un electorado sensible a la gestión previsional.
La resolución, firmada por el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que el financiamiento se aplicará bajo la modalidad de Préstamo Basado en Resultados (PBR), un esquema que vincula estos desembolsos con el cumplimiento de metas específicas en atención médica y gestión institucional.
Por su parte, el BID informó que los fondos tienen como objetivo mejorar la atención de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedad renal, además de ampliar el acceso a tratamientos oncológicos y reducir los tiempos de espera para cirugías de cáncer de mama y colon, dos de las patologías frecuentes entre los afiliados de PAMI.
El plan también contempla fortalecer la red de cuidados para personas con dependencia funcional mediante los canales ya establecidos por el PAMI, e introduce modificaciones en los protocolos de atención y en la experiencia del usuario para mejorar el vínculo entre los afiliados y los servicios de salud.
A su vez, la institución crediticia resaltó que la implementación del programa, permitirá aprovechar de manera sistemática la información producida por los sistemas de la mutual previsional, para optimizar la gestión pública. Según precisó el órgano financiero, esta herramienta facilitará una asignación más eficiente de los recursos y una mejor planificación de las políticas sanitarias.
Por último, el decreto en cuestión designa al PAMI como organismo ejecutor del programa y le otorga la facultad de aplicar ajustes operativos, al tiempo que autoriza al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaría de Finanzas, a suscribir el contrato y realizar eventuales modificaciones que no alteren el destino de los fondos ni su monto original.
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) defendió la nueva línea de financiamiento y precisó que el impacto del crédito en la balanza de pagos, será “acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”, sin generar presiones adicionales sobre las cuentas externas del país.
PAMI, entre el préstamo del BID y las sospechas por contrataciones
Mientras que la administración de Javier Milei busca fortalecer al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a partir de un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el organismo previsional continúa bajo la lupa a partir de una serie de denuncias de irregularidades en licitaciones previas.
Las observaciones apuntan al titular de la entidad, Esteban Leguizamo, por un contrato de 450 millones de dólares destinado a la compra y distribución de pañales para los afiliados del PAMI. Según las empresas oferentes y diversos sectores de la oposición, el proceso implicó un 20% de sobreprecio y estableció condicionamientos que restringieron la competencia, entre ellos la obligación de contar con galpones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y una póliza de seguro por 25.000 millones de pesos.
Los documentos oficiales indican que el llamado a licitación se realizó el 14 de abril y que la apertura de sobres tuvo lugar el 25 del mismo mes, en medio del fin de semana largo de Semana Santa. En ese sentido, la empresas denunciantes sostuvieron que el proceso fue “exprés y direccionado” y advirtieron que la firma ganadora había empezado a pedir cotizaciones a fabricantes un mes antes de la publicación de los pliegos.
Finalmente, las sospechas se suman a otras denuncias bajo la gestión de Leguizamo, lo que mantiene en tensión a la conducción del PAMI incluso tras el reciente respaldo financiero del BID. En septiembre pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también cuestionó al organismo por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de lentes intraoculares, que habría incluido sobreprecios de hasta diez veces respecto del valor de mercado.