La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que desató polémica al abrir la posibilidad de beneficios para represores condenados por delitos de lesa humanidad. Con el impulso de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal exigió a los jueces inferiores una justificación detallada para extender las prisiones preventivas, lo que encendió las alertas en los organismos de derechos humanos ante el riesgo de una liberación masiva de genocidas.
El caso elegido por la Corte Suprema fue el de Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo de ultraderecha que actuó en La Plata y Mar del Plata antes del golpe de Estado de 1976. Si bien Castillo fue condenado a prisión perpetua en 2017, la cúpula judicial aún no revisó su sentencia, y el fallo actual pone bajo la lupa la extensión de su prisión preventiva al reclamar criterios más claros para los acusados por delitos de lesa humanidad.
A través de su resolución, Rosatti y Rosenkrantz afirmaron que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo en ese acto”. Con esa frase como fundamento, los supremos revocaron un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que convalidó la prórroga de la prisión preventiva de Castillo y subrayaron que los jueces deberán acreditar “indicios concretos” sobre riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.
“Cuando un tribunal considere que un imputado conserva influencia para frustrar el accionar de la justicia, deben señalarse las circunstancias concretas a través de las cuales, según un juicio racional de probabilidad, dicha influencia podría materializarse”, remarcaron.
Vale recordar que la Ley 24.390, conocida como la del “2×1”, fija un máximo de dos años para la prisión preventiva, con la posibilidad de una prórroga de uno más, conforme al fallo “Acosta” de 2012, que avaló las extensiones en causas de lesa humanidad. No obstante, la Corte Suprema reinterpretó esa jurisprudencia y sostuvo que la gravedad de los delitos no puede justificar un “adelantamiento de la pena a extramuros de la Constitución Nacional”.
No obstante, en este caso, Rosatti y Rosenkrantz firmaron el fallo junto a los conjueces Alejandro Tazza y Abel Guillermo Sánchez, ante la falta de consenso dentro del tribunal. Por su parte, Ricardo Lorenzetti, quien en 2017 tampoco respaldó el polémico 2×1 que benefició al represor Luis Muiña, fue el único que votó en contra del planteo de la defensa.
En tanto, la decisión del Tribunal superior recibió elogios por parte de sectores cercanos al oficialismo y al movimiento negacionista. El abogado Santiago Sinópoli, aliado de Victoria Villarruel, calificó el fallo como “un punto de inflexión en el tratamiento de la prisión preventiva”, en línea con los reclamos de la vicepresidenta y Patricia Bullrich, quienes pidieron revisar las detenciones prolongadas por delitos de la última dictadura.
En las antípodas, la abogada Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), sostuvo que la Corte Suprema “establece estándares más restrictivos” que dificultan la continuidad de los juicios por la Memoria. “En jurisdicciones como la de La Plata, con audiencias cada dos semanas y jueces subrogantes, los procesos se vuelven interminables. Es una pena que nada digan sobre cómo resolver esa situación”, advirtió.
Bregman cuestionó a la Corte Suprema y advirtió por los juicios de lesa humanidad
La diputada nacional y abogada en delitos de lesa humanidad, Myriam Bregman, cargó contra el fallo de la Corte Suprema que podría beneficiar a represores condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) sostuvo que la decisión “convalida una mirada negacionista” y alertó que “abre una puerta peligrosa para quienes aún no tienen condena firme”.
Es que, Bregman señaló que los jueces del máximo tribunal, “repiten el discurso de los sectores que siempre buscaron impunidad” y recordó que los acusados “aún hoy ocultan el destino de las víctimas”. En ese sentido, la legisladora del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) consideró que la resolución “no busca garantizar derechos, sino reinstalar el viejo debate del 2×1 con otro ropaje jurídico”.
Finalmente, la dirigente de Izquierda también condenó el silencio del Gobierno nacional ante la decisión judicial y apuntó que la Corte Suprema responde a los reclamos de quienes “niegan el terrorismo de Estado”, mientras los juicios avanzan a paso lento. “El fallo es un mensaje político, no jurídico”, concluyó.