El concejal de Unión por la Patria Diego García cuantificó la inacción del oficialismo: “Hemos propuesto alrededor de 30 a 40 proyectos en relación directa con la seguridad. La mayoría no se les pidió un informe o el propio oficialismo los archivó”
García destacó que presenta propuestas concretas, realizables, basadas en experiencias que funcionan en otros municipios similares a Mar del Plata. La primera de ellas fue la creación de una aplicación de emergencia para centralizar todos los pedidos de auxilio: desde mujeres en situación de violencia de género hasta transportistas, taxistas, delivery y otros trabajadores.
“Dejar de dar vueltas con botones antipánicos, botones para las mujeres que están en situación de violencia de género, aplicaciones para los transportistas, aplicaciones para los que tienen taxi, GPS para los muchachos que tienen las motos de delivery. Centralizar en una aplicación de emergencia como tienen 69 municipios de los 135 de la provincia de Buenos Aires“, explicó.
La propuesta incluía integrar la aplicación con la multiagencia de seguridad que hoy existe en el Centro de Operaciones Municipales (COM), priorizando alarmas ante situaciones de peligro. “Se le puede sumar también a esa aplicación, por ejemplo, la seguridad en playas con las fuerzas de guardavidas que tenemos en Mar del Plata”, añadió.
La respuesta del oficialismo fue archivar el proyecto en el primer tratamiento. El argumento fue que “ya estaba el 911” y que eso cubría la necesidad. “Es tomar el pelo a la gente, es no entender que la oposición cumple un rol”, sentenció García.
Otro proyecto presentado por el bloque de Unión por la Patria propone destinar entre un 3% y un 5% de la tasa de seguridad e higiene para comprar insumos que tengan que ver directamente con la seguridad: cámaras, lectores de patentes, patrulleros, equipamiento, software. “También durmió ahí en la Comisión de Seguridad pidiendo informes que no se contestan“, denunció el concejal.
Una tercera iniciativa es el programa “Cierres Seguros”, que propone trabajar con las patrullas municipales en los centros comerciales a cielo abierto para reforzar el horario de cierre. “No es algo que se me ocurra a mí. Están los datos estadísticos que dicen que en el momento de cierre, entre las 18 horas y las 21 horas, es donde mayor cantidad de robos a comercios hay“, explicó García. La idea es reforzar los centros comerciales de Alberti, Güemes, Constitución, San Juan, para disuadir al delincuente. El proyecto tampoco avanzó.
La desigualdad como motor del delito
El concejal de Unión por la Patria fue más allá del diagnóstico coyuntural y señaló el problema estructural: “El principal problema que tiene la ciudad en materia de seguridad es la desigualdad”. García aclaró que no está justificando el delito por la pobreza, sino señalando que la falta de oportunidades para que una persona se desarrolle a lo largo de su vida genera las condiciones para el delito.
“Tener un policía en la esquina de su casa, tener un buen colegio, tener un barrio iluminado, tener buen transporte público, tener los servicios, agua, cloaca, vivir en una calle que esté asfaltada, tener las condiciones necesarias para poder desarrollarse una vida en tranquilidad, poder hacer deporte. Todo eso que uno dice que debería ser, bueno, en la mayoría de nuestros grandes barrios no pasa“, explicó.
Se generan entonces situaciones de marginalidad y algunos aprovechan para captar jóvenes en la venta y consumo de drogas.
“Nosotros podemos decir que de ese tipo de iniciativas (de prevención del delito) dentro de los 300 proyectos deben ser la mayoría, porque justamente lo que apuntamos es a tener trabajo, tener mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura. Es por ahí y no es solamente con más policías en la calle“, remarcó.
El presupuesto 2026: la prueba de fuego
Al igual que Ayala coincidieron en señalar que el verdadero test de la gestión llegará con la discusión del presupuesto 2026. “Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la prioridad de un Ejecutivo. Esperemos que la seguridad sea eso“, afirmó García.
El concejal desglosó los números actuales: la Secretaría de Seguridad tiene alrededor de 30.000 millones de pesos asignados para todo un año, pero ese monto está dividido en tres partes. “Solamente un tercio está destinado a lo que tiene que ver con la seguridad”, explicó. A eso hay que sumar los 3.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que estaba destinado a comprar once patrulleros en mayo de los cuales “estamos en octubre y no vimos ningún patrullero en la calle y no sabemos qué se hizo con esa plata”
García propone una fuerte inversión en tecnología municipal: más cámaras de seguridad, lectores de patentes en las entradas de todas las rutas y avenidas importantes, cuerpos de drones para prevención en eventos masivos. “Hay municipios que ya tienen cuerpos de drones. Nosotros estamos a años luz de eso. Y eso pasa en la Argentina, en municipios de la provincia de Buenos Aires. No estamos tomando el ejemplo de Europa”, señaló.
Pero también insistió en la dimensión social: “No dejar de financiar la salud, no dejar de financiar la educación. El año pasado hubo una gran reducción de presupuesto municipal. Esperemos que este año no pase, porque ahí está la clave”. Para García, cuando se habla de las multicausales y los determinantes sociales que hacen que una persona desde que nace hasta que comete algún delito (en general en la adolescencia) “algo les pasó en el camino. Bueno, ese camino es el que tenemos que tener en mente, acompañando a la familia, a la persona, para que sea una persona de bien y dedique su vida a estudiar y a trabajar, que es lo que uno quiere”.
Un secretario que diagnostica pero no resuelve
El contraste es brutal. Por un lado, Rodrigo Goncálvez reconoce con precisión los problemas: el tejido social roto, la delincuencia juvenil, la violencia intrafamiliar, el consumo problemático, la deserción escolar. Por otro lado, desde el Concejo Deliberante se presentan decenas de proyectos concretos para abordar esas problemáticas, y el oficialismo los archiva sistemáticamente.
García lo puso en términos aún más directos: “Si vos tenés una política activa, la evaluás y hacés un balance. Y ves que no funciona. Explicame: ¿qué programa de seguridad tenés? Ninguno. O si lo tenés, fracasa. Hay que modificarlo porque no está dando resultados”