El secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez, reconoció que “el tejido social está roto” y que Mar del Plata enfrenta un “volumen delictual mayor”, sin embargo la gestión se limita a medidas reactivas mientras las estadísticas muestran un aumento del 71,2% en los robos desde 2021. En un contexto donde los delitos crecen año tras año, la ausencia de programas concretos de prevención, contención juvenil y políticas sociales pone en evidencia una gestión que describe los problemas con precisión pero no ofrece soluciones estructurales.
Los números no mienten, y en materia de seguridad, Mar del Plata atraviesa una crisis que se profundiza mes a mes. Según el informe del primer trimestre de 2025 del Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (Cepaid), se registraron 2.903 robos y hurtos, de los cuales el 26% fueron de motos (745) y el 19% autos (567). Pero el dato más alarmante está en la evolución histórica: en los últimos cinco años, Mar del Plata pasó de registrar 929 robos y hurtos en el primer trimestre de 2021 a 1.591 en el mismo período de 2025, es decir un 71,2% más.
El incremento, lejos de ser una tendencia puntual, fue una constante a lo largo de 4 años. Cada año los robos y hurtos fueron en aumento: entre 2021 y 2022 aumentó un 25,6%; entre 2022 y 2023 un 3,7%; entre 2023 y 2024 un 12,2% y entre 2024 y 2025 un 17,2%. En paralelo, el robo de autos creció un 100% en un año: en el primer trimestre de 2025 se denunciaron 567 robos y hurtos de autos, mientras que en 2024 habían sido 282, y el 44% de los robos de autos se cometió con violencia.
Frente a este panorama, el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez, trazó un diagnóstico que nadie podría refutar: “El tejido está roto, tenemos un volumen delictual mayor en algún punto y mayor en lo que es el rango etario. Hoy tenemos chicos de 13, 14 o 15 años delinquiendo”. El funcionario añadió que los problemas de convivencia, la violencia familiar, el consumo de drogas y la deserción escolar conforman un escenario que “hace más difícil la tarea en materia de seguridad”
El problema no está en el diagnóstico de Goncálvez, que es acertado, el problema está en lo que viene después: nada. Ninguna política concreta de prevención, ningún programa específico de contención juvenil, ninguna articulación efectiva entre la Secretaría de Seguridad y las áreas de Desarrollo Social o Educación para abordar las causas que el propio funcionario identifica. La gestión se agota en el reconocimiento del problema, pero no avanza hacia soluciones estructurales.
Desde que asumió en diciembre de 2023, la gestión de Goncálvez se ha caracterizado por anuncios de medidas reactivas que intentan contener el delito una vez que ya se produjo, pero que no atacan las raíces del problema. En diciembre de 2024, el secretario anunció la adquisición de 40 armas no letales que estarían disponibles desde enero de 2025. En marzo de 2025, lanzó una convocatoria para el Cuerpo de Patrulla Municipal a través de las redes sociales, generando inscripciones masivas pero sin que se conozcan resultados concretos en las calles en materia de seguridad.
En junio de 2024, el municipio implementó el Centro Único de Comando, una herramienta de coordinación operativa entre las distintas fuerzas de seguridad. Sin embargo, la efectividad de esta medida no se refleja en las estadísticas: los delitos siguieron aumentando después de su puesta en marcha.
Quizás la apuesta más visible de la gestión ha sido la llegada de fuerzas federales a la ciudad, un contingente de 93 efectivos que desarrolla operativos estáticos en el microcentro y despliegues en distintos barrios. Pero incluso esta medida tiene su contracara: el municipio asumió el gasto del traslado, el hotel y la comida de las fuerzas federales, según reconoció el propio Goncálvez. Es decir, Mar del Plata paga de su propio presupuesto una política de seguridad que debería estar garantizada por la Nación, mientras que los recursos que podrían destinarse a prevención se evaporan en gastos operativos.
“Es un esfuerzo muy grande, pero se tomó el compromiso y se viene cumpliendo“, aseguró el funcionario. El problema es que ese esfuerzo económico no se traduce en una reducción del delito. Los operativos estáticos pueden generar sensación de presencia policial, pero no desarticulan las causas profundas de la violencia que el propio Goncálvez reconoce: exclusión social, deserción escolar, consumo problemático, violencia intrafamiliar.
En abril de 2024, el municipio presentó con bombos y platillos el “Programa de Prevención Territorial de la Violencia y del Delito”, que prometía un abordaje integral en barrios vulnerables. Sin embargo, a más de un año de aquel anuncio, no existen datos públicos sobre su implementación, ni resultados medibles, ni información sobre cuántos jóvenes fueron incluidos en actividades de contención o prevención. El programa, que aparecía como la respuesta estructural que la ciudad necesitaba, se diluyó en el silencio.
Mientras tanto, los barrios más afectados por los robos siguen siendo el Centro, La Perla, San José, Don Bosco y Lomas de Stella Maris en cuanto a la vía pública; Villa Primera, Libertad, San José y San Carlos en robos a viviendas; y Centro, Los Pinares, Parque Luro, San Carlos, Las Lilas y Don Bosco en robos a comercios. Son los mismos barrios una y otra vez, sin que se observe una estrategia territorial específica para abordar la problemática en esos territorios.
El funcionario cierra su diagnóstico con una frase que suena a declaración de buenas intenciones: la tarea “debe incluir políticas sociales que aborden las causas profundas de la violencia y la exclusión”. Pero esas políticas no están. Y mientras no estén, el discurso se vacía de contenido.