En una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión del territorio costero bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof quitó a los municipios la potestad de autorizar construcciones en la franja marítima, delegando esta facultad en la Autoridad del Agua de la provincia. La medida, formalizada a través de dos resoluciones publicadas esta semana en el Boletín Oficial, impacta de lleno en la autonomía municipal, especialmente en el caso de General Pueyrredon, donde la tensión entre autoridades locales, ambientalistas y entidades patrimoniales venía en ascenso.
Resoluciones que redefinen el control del litoral
La Resolución 1521/2025, firmada el 3 de octubre, establece que toda intervención en riberas marítimas o fluviales –aunque estén bajo administración municipal por convenio– deberá contar con la aprobación previa de la Autoridad del Agua, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 12.257. Esto incluye obras que modifiquen material o jurídicamente esas zonas, tradicionalmente consideradas de alto valor ambiental y turístico.
Según el texto oficial, la Provincia mantiene sus atribuciones de control, inspección y reglamentación, más allá de los convenios que hayan delegado a los municipios la explotación turística de estas áreas. En ese marco, se recuerda también el rol del Decreto 948/70, que estableció el régimen para concesionar unidades fiscales destinadas al turismo, y se reafirma que la fiscalización sigue siendo una competencia indelegable del Ejecutivo provincial.
“Es competencia de la Autoridad del Agua intervenir en carácter previo en toda obra o actividad que pueda afectar las condiciones de las riberas”, destaca el documento. Esta disposición implica un freno a decisiones unilaterales de los municipios sobre loteos, balnearios y emprendimientos en la costa.
Una franja de 150 metros sin edificaciones
La Resolución 1520/2025, también fechada el 3 de octubre, impone una prohibición total de loteo y edificación en una franja de 150 metros contigua al mar, incluyendo médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el litoral, incluso si se extienden más allá de esa distancia. Esta restricción se basa en el artículo 142 del Código de Aguas bonaerense.
“Resulta oportuno adecuar la situación existente en el Municipio de General Pueyrredon a las previsiones hoy vigentes en materia de protección, conservación y manejo del recurso hídrico”, argumenta la resolución. Se trata de alinear las normativas locales con los criterios provinciales de resguardo ambiental.
Esta disposición revierte excepciones anteriores, como la resolución de 2014 que, para evitar desigualdades entre fracciones costeras, permitió mantener un límite de 100 metros en ciertos sectores del Faro. Sin embargo, un reciente estudio de ARBA detectó que solo dos parcelas aplicaban realmente esa excepción, lo cual restó validez al argumento de la desigualdad.
Impacto local y conflicto político
El conflicto se agudiza en Mar del Plata, donde la presión de organizaciones ambientalistas y patrimoniales venía enfrentando la postura del municipio, que promovía desarrollos inmobiliarios en la zona costera. La decisión de la provincia se produce en este contexto de tensiones y debates públicos.
Para la Provincia, la medida busca evitar “el avance de áreas urbanizadas sobre los médanos costeros” y garantizar la protección de un ecosistema frágil, hoy cada vez más afectado por el cambio climático y la urbanización intensiva. En cambio, para el municipio y sectores afines al desarrollo privado, representa un retroceso en su capacidad de gestión territorial.
A partir de ahora, los gobiernos locales deberán remitir cualquier proyecto de obra en la ribera marítima al control provincial, lo que introduce nuevos tiempos administrativos y, potencialmente, más restricciones. La medida fue bien recibida por grupos ambientalistas que desde hace años denuncian el deterioro del paisaje costero y la ocupación de zonas de alto valor natural.
Este nuevo escenario legal redefine la relación entre la provincia y sus municipios en cuanto a la gestión de la costa, y anticipa un tiempo de mayores controles, menos desarrollos autorizados, y una mirada más conservacionista desde la esfera gubernamental bonaerense.