El Gobierno nacional actuó e instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para que avancen en la extradición a los Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico, y de haber aportado fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert.
“El Presidente instó a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial de la Corte Suprema y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”, establece el comunicado emitido desde Casa Rosada en las últimas horas.
Previamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Fred Machadoi. El fallo, dictado por unanimidad, rechaza los planteos de la defensa del empresario argentino.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que no existen obstáculos para concretar la entrega de Machado a las autoridades estadounidenses y el expediente ahora pasará al Poder Ejecutivo, ya que la ley otorga al presidente, Javier Milei, la decisión final sobre la extradición.
Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, cuando fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén a pedido de la justicia norteamericana, un día después, el juez federal Gustavo Villanueva, dispuso su prisión preventiva y en 2022 declaró por primera vez “procedente” la extradición. La defensa apeló el fallo y logró demorar el proceso por más de un año, pero finalmente el máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia.
El 4 de abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la extradición, y el caso quedó en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema, que dos años y cuatro meses después volvió a remitir el expediente al juzgado neuquino. En el medio, la defensa de Machado presentó un nuevo recurso en el que sostuvo que un fallo judicial en Estados Unidos, favorable a la hija de su exsocia Debra Mercer-Erwin, podía modificar los cargos que pesaban sobre su cliente.
La Corte pidió entonces que, por vía diplomática, se consultara al país requirente sobre la vigencia de ese fallo. La respuesta llegó el jueves pasado desde la embajada estadounidense: nada había cambiado. Con esa confirmación, el juez Villanueva envió nuevamente el expediente al máximo tribunal, que este martes dejó firme la extradición.
De acuerdo con la sentencia, la Corte consideró que la documentación enviada por Estados Unidos disipó los argumentos de la defensa y ratificó la validez del pedido original. También destacó que el país requirente deberá computar el tiempo que Machado ya pasó detenido en la Argentina como parte de su eventual condena, y pidió garantías sobre su salud e integridad física durante el proceso.
El caso adquiere ribetes particulares porque Machado no sólo enfrenta acusaciones internacionales, sino que también admitió públicamente haber aportado más de 200 mil dólares a la campaña de José Luis Espert en 2019. Días atrás, el empresario había declarado que “el error de Espert fue negarme”, en alusión al vínculo económico y logístico que mantuvo con el ahora exdiputado de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, fuentes judiciales no descartan que, a partir de la resolución de la Corte, el juez de Neuquén reevalúe la situación procesal del empresario y disponga su traslado a un establecimiento penitenciario común, ante el riesgo de fuga que implica la inminente extradición.
Los cargos que enfrenta Machado en EEUU
La justicia estadounidense acusa a Fred Machado de integrar una red de tráfico de cocaína que operaba en América Latina y el Caribe. La imputación incluye cinco cargos principales: posesión, fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, asociación ilícita para lavar dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.
El pedido de extradición fue formulado por el Tribunal del Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó el procesamiento contra Machado y otras ocho personas. Entre ellas se encuentra Debra Lynn Mercer-Erwin, titular de la empresa Aircraft Guaranty, señalada como parte de la estructura financiera utilizada para el registro de aeronaves vinculadas al tráfico ilícito.