El debate por la recolección de residuos urbanos volvió a instalarse en el Concejo Deliberante, en el marco de la comisión de Ambiente que este jueves trató el proyecto oficial para declarar la “emergencia económico-financiera” del servicio y, en consecuencia, aprobar una nueva prórroga del contrato con la empresa de transporte 9 de Julio. La propuesta incluye una extensión de dos años con la posibilidad de otros dos adicionales, lo que podría prolongar la vigencia del vínculo hasta 2030, pese a que el contrato original, firmado en 2016, ya preveía su fin máximo en 2026.
La reunión estuvo marcada por el silencio del oficialismo, que evitó fundamentar públicamente la iniciativa y se limitó a garantizar los votos necesarios junto al radicalismo para que el expediente avance a la siguiente comisión. En ese escenario, la oposición planteó fuertes críticas, acusando al intendente Guillermo Montenegro de utilizar la figura de emergencia como mecanismo para eludir una nueva licitación.
En diálogo con el Retrato , el concejal Diego García (Unión por la Patria) declaró: “Se construyó una emergencia ante la inacción del Ejecutivo. El gobierno tuvo seis años para presentar un nuevo pliego y no lo hizo. En vez de discutir cómo mejorar el servicio, estamos prorrogando una prórroga”.
“Un servicio caro y deficiente”
García cuestionó con dureza los costos que implica la continuidad de la empresa y la falta de debate de fondo sobre el modelo de gestión de los residuos en la ciudad. “El municipio le paga hoy a 9 de Julio unos 160 millones de pesos por día. Es un número enorme, insostenible, que sale del bolsillo de los contribuyentes”, advirtió.
Según el concejal, la situación evidencia un doble problema: la ausencia de planificación y la deficiencia del servicio. “Estamos pagando cifras multimillonarias por un sistema que no responde a las necesidades actuales de la ciudad. La basura se acumula en las escuelas, en los centros de salud y en los barrios alejados del centro. Es caro y es malo”, afirmó.
El concejal remarcó además la falta de políticas de reciclaje en el esquema actual. “Toda la basura termina enterrándose. No hay separación en origen, no hay reutilización de materiales. Deberíamos estar discutiendo un pliego que contemple estas cuestiones, que piense la ciudad de hoy y no la de hace diez años”, cuestionó.
En relación a las finanzas municipales, García denunció que los pagos al concesionario exceden lo presupuestado. “Este año ya se gastaron 5.000 millones de pesos más de lo previsto. Teníamos un presupuesto de 53.000 millones para el servicio y vamos a terminar mucho más arriba, incluso por encima de la inflación”, explicó.
El impacto, según dijo, es directo sobre el déficit estructural del municipio. “El año pasado cerramos con un rojo de 13.000 millones de pesos. Gran parte tiene que ver con este contrato. Estamos hablando de un servicio que se lleva casi el 20% del presupuesto municipal, prácticamente lo mismo que se destina a áreas sensibles como Salud o Seguridad”
“Falta de control e irregularidades”
Otro de los puntos cuestionados por el concejal de Unión por la Patria fue la falta de controles efectivos por parte del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), organismo encargado de supervisar el contrato.
“Todos los años nos envían un informe ambiental con los números del servicio. El último decía que en Mar del Plata se recolectaba la misma cantidad de basura en enero que en junio. Es insólito: en enero la ciudad duplica su población por el turismo y aun así se paga lo mismo. O se mide mal o se paga mal, pero claramente algo está funcionando mal en el control”, denunció.
La necesidad de un nuevo pliego
Consultado sobre cuáles deberían ser los ejes de una futura licitación, García detalló varios puntos de interés. La Colocación de contenedores en el macrocentro para ordenar la disposición de residuos. Separación en origen entre residuos orgánicos y reciclables. Erradicación de microbasurales y limpieza de predios críticos, como el ubicado entre los barrios Caribe y Belisario Roldán. Y escucha activa a los vecinos y adaptación del servicio al crecimiento urbano.
“Lo primero que hay que reconocer es que hoy el pliego vigente se incumple. Tenemos basurales a cielo abierto de cuatro metros de altura que son un problema de salud pública. Necesitamos un modelo que sea eficiente y sostenible, y que le dé una respuesta real a los vecinos”, sostuvo.
El expediente seguirá su curso en las próximas semanas, mientras el Concejo Deliberante se acerca a un recambio institucional. Para García, la discusión (ahora que se está tratando) excede el cierre de mandato de Montenegro y debería ser una prioridad del nuevo gobierno municipal: “Esperamos que el próximo intendente trabaje en un pliego serio, que se ponga a las áreas pertinentes a definir qué ciudad queremos y cómo vamos a tratar nuestros residuos”