La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver dónde se desarrollará el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 con la muerte de 44 tripulantes. La fiscalía y parte de las querellas plantean que el proceso se realice en Mar del Plata, mientras que la abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de las familias, reclama que continúe en Río Gallegos para evitar dilaciones y posibles maniobras políticas.
A casi ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos determinar la sede del juicio oral contra los jefes de la Armada acusados de negligencia en el cumplimiento de sus funciones. La audiencia celebrada en la sala IV del tribunal integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo reabrió la disputa entre tres jurisdicciones posibles: Río Gallegos, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Mario Villar fue uno de los que pidió que el debate se radique en Mar del Plata, al considerar que las conductas atribuidas a los imputados se produjeron en esta jurisdicción. “Las responsabilidades surgen del incumplimiento de deberes en la base naval marplatense, desde donde zarpó el submarino el 25 de octubre de 2017”, argumentó. Su postura fue acompañada por una de las querellas y respaldada además por el fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Julio Zárate.
También se pronunciaron en el mismo sentido las defensas del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y del capitán de navío Claudio Villamide, quienes insistieron en que el juicio debería trasladarse a Mar del Plata o, subsidiariamente, a los tribunales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, la abogada Valeria Carreras, representante de 30 familias de los submarinistas, rechazó esa posibilidad. Según comentó con el Retrato “Estamos absolutamente en contra de una modificación que genere nuevos tiempos dilatorios, nuevas postergaciones y más pasos procesales. Ya sabemos cuánto tarda un simple traslado de pruebas: tres meses. Cualquier cambio de sede es un retroceso”
La letrada remarcó que la justicia federal de Río Gallegos es el “juez natural” de la causa porque allí se inició la instrucción y porque fue en esa jurisdicción donde se tramitaron los incidentes y apelaciones durante los últimos años. “Después de casi ocho años, es insostenible que se vuelva a discutir la competencia. Tuvieron mil oportunidades de plantearlo antes. Ahora no se entiende. Lo único que se logra es seguir demorando justicia”, sostuvo.
Carreras se mostró crítica con la posibilidad de que la causa termine en la Capital Federal. “Lo peor que podría pasarle a la causa es hundirse en Comodoro Py. Antes de volver a esos tribunales nefastos y desprestigiados, que manipulan los expedientes según el poder político de turno, prefiero que el juicio se haga en Mar del Plata. Pero nuestra posición es clara: el lugar correcto es Río Gallegos”, afirmó.
Para la representante de la querella mayoritaria, el riesgo de trasladar el juicio a Buenos Aires o Mar del Plata no solo está en la logística, sino en las consecuencias jurídicas. “Al modificar la sede, se designa un nuevo tribunal oral. Eso abre la puerta a recusaciones de jueces y a agendas colapsadas que pueden retrasar el inicio del debate por meses o incluso años. Mientras tanto, seguimos sin justicia para los 44”, advirtió.
En la audiencia de Casación, Carreras cerró su intervención con un mensaje claro: “Antes de volver a ser operados por los mismos cirujanos y en el mismo quirófano en que se perpetró la puñalada del espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, prefiero cualquier alternativa. Pero lo justo es mantener la causa en Santa Cruz”.
Las palabras de la abogada recuerdan otro frente abierto en el expediente: el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes, que involucró al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada Marcelo Srur. La justicia porteña terminó sobreseyendo a Macri, pese a las pruebas sobre la vigilancia ilegal a madres, esposas y hermanas de los submarinistas, incluso durante misas y marchas de protesta. La decisión fue ratificada por Casación con argumentos que generaron fuertes cuestionamientos, al justificar la vigilancia como una supuesta medida de seguridad presidencial.
El recuerdo de esas decisiones, según Carreras, explica la desconfianza hacia los tribunales de Retiro. “Nunca dejo de tener presente que estoy concurriendo a los tribunales más desprestigiados del país, donde no importa lo que dice la ley, sino a quién se va a beneficiar. Por eso insisto: entre Guatemala y Guatepeor, prefiero Mar del Plata. Pero la sede natural es Río Gallegos”, reiteró.
Más allá de la discusión jurisdiccional, el trasfondo del proceso es la determinación de responsabilidades políticas y militares en la tragedia del 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino perdió contacto y se hundió en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Entre los acusados están López Mazzeo, Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, todos jefes de la Fuerza de Submarinos en aquel momento.
El caso también tiene fuerte impacto en Mar del Plata, ciudad donde vivían 13 de las familias de las víctimas y donde se encuentra la base naval desde la cual el ARA San Juan zarpó en su última misión. En ese sentido, Carreras reconoció que la ciudad mantiene viva la memoria de la tripulación, aunque aclaró: “El ejercicio de la memoria en Mar del Plata está dado por su gente, no por sus autoridades ni por la Armada. Las familias no están peleando por un lugar para juntar público, sino por la verdad y por justicia. Lo importante es defender la memoria de los 44 tripulantes para que nadie los culpe nunca de nada”.
Ahora, será la Sala IV de Casación la que deberá resolver el conflicto de competencia. Cualquiera sea la decisión, las partes anticiparon que podrían apelar ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría extender aún más los plazos.