Prestadores de salud, personas con discapacidad y familias se concentraron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para rechazar el Decreto 681/2025 que suspendió la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a haber sido promulgada tras superar dos veces el veto presidencial.
Lucía Fraternali, vicepresidenta de Prestadores Unidos Mar del Plata, explicó en diálogo con el Retrato que “estamos reclamando que se aplique la ley en el tiempo que fue votada. No se puede postergar la aplicación ni hablar que se espera que se justifique de dónde se saquen los fondos cuando sabemos que esto es una decisión política de usar el dinero para otros espacios”.
Los profesionales del sector enfrentan condiciones laborales insostenibles. Fraternali detalló que “nuestros honorarios están por debajo del mínimo ético de los colegios y cobramos a tres, cuatro meses de haber brindado la sesión”, generando una crisis que impulsa el abandono masivo del sistema.
“En Mar del Plata ya hay un montón de profesionales que no atienden más por discapacidad, consultorios que cerraron por no poder sostener económicamente la cantidad de gastos“, confirmó la representante.
El agotamiento atraviesa al sector: “Realmente uno no pone en duda la vocación ni lo que eligió, pero es insostenible. Esto atenta contra nuestra salud mental como profesionales que nos encantaría estar atendiendo en el consultorio y no estar acá luchando por un derecho y por una ley que ya fue votada”
Jessica Machado, representante de Prestadores Unidos, compartió un caso inmediato, que sirve para dar contexto a la situación: “Estábamos hablando con una mamá de un paciente adulto que requiere internación domiciliaria tres veces por semana terapia. La terapista le acaba de avisar que por la situación actual va a concurrir dos veces de las tres que necesita ¿Quien cubre ese día que falta? ¿Qué pasa si el día de mañana puede ir un solo día nada más?” Esta reducción de frecuencias terapéuticas se replica sistemáticamente, “Hay corte en el transporte, hay situaciones e instituciones que están cerrando y los prestadores están migrando hacia otras profesiones porque no podemos seguir sosteniendo con estos valores”.
En Buenos Aires ya cerraron 40 centros de integración, mientras que en Mar del Plata las instituciones resisten mediante rifas, test de file y eventos solidarios para evitar cierre definitivo, según reportó Machado.
Fraternali planteó el interrogante crítico: “¿Qué va a pasar cuando el sector privado no trabaje más por obra social? En Mar del Plata sabemos que las salas están saturadas de turnos que se atiende en grupo porque también son profesionales precarizados. Hoy no se puede acceder a un tratamiento integral intensivo de calidad en el sector estatal. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que hoy no se pueden atender por obra social? ¿Quién va a dar respuesta a esto?”
Machado por su parte contextualizó las cifras presupuestarias: “Este presupuesto solo es el 0,03% del PBI“, porcentaje mínimo comparado con otras partidas. Cuestionó directamente: “Si consideran a la discapacidad como un gasto, estamos en veredas completamente opuestas”.
La representante identificó fondos disponibles destinados a seguridad, SIDE y eliminación de retenciones al campo, demostrando que hay capacidad fiscal del Estado nacional: “Se pueden generar los presupuestos necesarios, lo que no existe es decisión política para que esos fondos lleguen”. Y reforzó: “Hay un plan sistemático de vulnerar a las minorías. El presidente lo dijo inclusive antes de asumir que no entendía por qué la discapacidad debería ser un problema del Estado sino de las propias familias. Acá hay una decisión de crueldad hacia este colectivo como lo hay hacia otros”.
Por último, Machado llamó a la comunidad a integrarse en el tema: “Esta es una situación de derechos humanos, ni siquiera tiene que ver solo con los derechos de las personas con discapacidad. Nadie está exento de tenerla y aunque no te toque nunca, tenemos que velar por los derechos de todas las personas”.
Machado confirmó la estrategia sostenida: “Vamos a seguir visibilizando la situación en la calle hasta que el gobierno dé marcha atrás con este decreto y se implementen las partidas presupuestarias”