El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, denunció que la breve eliminación de retenciones a las exportaciones de granos y carnes fue “un negociado” con las cerealeras y exportadoras que terminó en “una burla” para los productores que tuvo un carácter estrictamente financiero y dejó al campo sin ningún beneficio concreto.
Rotondo explicó que la baja de retenciones, anunciada hasta el 31 de octubre, duró en la práctica apenas 72 horas y en ese lapso, las grandes cerealeras liquidaron cerca de USD 7.000 millones, en un movimiento que el dirigente rural describió como un salvataje político y cambiario de corto plazo para la administración de Javier Milei. “El productor se sintió defraudado”, resumió.
“Esto fue una medida de corte financiero para tapar un incendio, el viernes negro que estábamos teniendo y la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina”, afirmó Rotondo, quien no dudó en calificar la operatoria como un acuerdo implícito entre el Gobierno y las exportadoras.
“A nuestro juicio, tenemos gran duda, pero no tenemos certezas, pero me parece que claro que era una negociada con un sector de la exportación para captar esos dólares“, señaló esta mañana Rotondo y agregó: “Medidas temporales así que tienen el velo de buscar lo que realmente obtuvieron, récord, que fue para tapar un incendio. No van a sentir producción“.
El dirigente de CRA también subrayó que la medida solo contempló la soja, dejando de lado otros cultivos. En ese marco, sostuvo que la forma en que se instrumentó resultó “torpe” y que dejó al desnudo la falta de un enfoque productivo. “Fue una burla: en 72 horas lograron más de 14 millones de toneladas en el curador”, disparó.
Cabe señalar que, además de CRA quien disparó contra la breve eliminación de las retenciones fue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que advirtió que la decisión “fue un negocio para unos pocos” y que no generó ninguna mejora para los productores. “Creemos que debe transformarse en una política de Estado permanente”, plantearon desde la entidad.
En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cargó contra el Gobierno libertario y consideró que la medida alteró el funcionamiento del mercado de granos, generó desconfianza y consolidó ganancias extraordinarias para los exportadores, sin aportar estímulos reales a la producción.
En el plano legislativo, los diputados bonaerenses que representan a la Cuarta sección electoral, Luciano Bugallo, de la bancada de la Coalición Cívica y Silvina Vaccarezza, del bloque (Unión Cívica Radical) UCR + Cambio Federal, ambos productores agropecuarios, cruzaron con dureza al Gobierno nacional.
Bugallo sostuvo que los exportadores “compraron con retenciones y vendieron sin ellas”, y acusó al oficialismo de habilitar un “curro” que dejó afuera a pequeños y medianos productores. Vaccarezza, por su parte, denunció que se trató de una “estafa institucional” y que el Fisco perdió USD 1.500 millones en beneficio de las exportadoras. “Fue un negocio redondo y de espaldas al productor”, fustigó la diputada.
El trasfondo de la eliminación de las retenciones
El decreto que habilitó el esquema de retenciones cero contemplaba una vigencia hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el cupo fijado por el Gobierno, lo que ocurriera primero. La medida incluyó productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de carnes bovinas y aviares.
Ese récord encendió críticas adicionales cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino en la discusión, ya que el funcionario Scott Bessent afirmó que su país trabajaba con la Argentina “para poner fin al feriado impositivo de los productores que liquidan divisas”, lo que alimentó la hipótesis de que la vigencia acotada de la medida estuvo condicionada por un pedido externo.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) confirmó que hasta el 24 de septiembre se registraron exportaciones por 11,47 millones de toneladas, valuadas en USD 4.181 millones, lo que representó casi el 60% del cupo habilitado. Esa cifra duplicó el récord de 2018 y dejó sin margen de acción a miles de pequeños productores.