La senadora electa Fernanda Raverta denunció cinismo y crueldad por parte del presidente Javier Milei, quien promulgó y, en el mismo decreto, suspendió la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Una jugada legalmente ambigua que, para Raverta, demuestra que en el modelo libertario “siempre hay plata para los especuladores, pero nunca para los más vulnerables”.
En lo que muchos ya catalogan como una burla institucional sin precedentes, el presidente Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad… para suspenderla en el mismo decreto. Con la firma de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, el Boletín Oficial amaneció con un decreto de doble filo: por un lado, reconoce la vigencia de la ley aprobada por el Congreso; por otro, la condiciona a una asignación presupuestaria futura que el propio Ejecutivo no piensa garantizar.
La reacción política no tardó en llegar. Una de las críticas más filosas provino de Fernanda Raverta, senadora nacional electa, quien acusó al gobierno de ejercer una “crueldad premeditada” contra las personas con discapacidad y sus familias. “Promulgar una ley y suspenderla en el mismo decreto. Eso hizo Milei con la Emergencia en Discapacidad. Cinismo y crueldad”, disparó Raverta en sus redes sociales.
“El Congreso votó la ley, el Presidente tiene que aplicarla. No es opcional”, sentenció la dirigente peronista, marcando la gravedad institucional del hecho. Para Raverta, la maniobra es sintomática del desprecio selectivo del gobierno hacia ciertos sectores sociales: “Para sacar las retenciones no consulta al Congreso. Para endeudarse con Estados Unidos tampoco. Pero cuando se trata de cumplir la Ley de Discapacidad… ahí sí ‘no sabe’ de dónde sacar los recursos”.
El trasfondo de un decreto “espejismo”
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso tras una extensa lucha del colectivo de personas con discapacidad, establece entre otras cosas la actualización de pensiones y honorarios para prestadores de servicios esenciales. Sin embargo, el Gobierno estimó que su aplicación costaría más de 3 billones de pesos en 2025, cifra que representa apenas el 0,35% del PBI. Una inversión mínima en términos macroeconómicos, pero aparentemente demasiado alta para un gobierno que promueve ajustes brutales en nombre del déficit cero.
En una maniobra que muchos juristas ya califican como de “doble estándar institucional”, el decreto presidencial aclara en su Artículo 2 que la ejecución de la ley queda supeditada a que el Congreso disponga las partidas presupuestarias necesarias. En otras palabras: la ley está viva, pero no se toca.
“Siempre hay plata para los fugadores”
Para Raverta, la supuesta falta de fondos es una excusa recurrente y funcional al modelo económico del oficialismo: “La verdad es una sola: para los fugadores y los especuladores siempre hay plata. Para las personas con discapacidad, nunca”, acusó sin rodeos. Y concluyó con una crítica estructural: “Milei sólo sabe empobrecer cada día más a los argentinos”.
El riesgo de gobernar por decreto
La polémica pone una vez más sobre la mesa el uso discrecional del decreto presidencial como instrumento de gobierno. En este caso, no solo se contradice el espíritu de una ley aprobada democráticamente, sino que se deja en evidencia el desprecio del Ejecutivo por los acuerdos alcanzados en el Congreso.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho constitucional ya están analizando la legalidad de este tipo de decretos “espejo”, donde una norma se promulga solo para ser neutralizada de inmediato.
¿Y ahora qué?
El futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad está en suspenso. Aunque técnicamente está vigente, no será implementada hasta que el Congreso –presionado por el Ejecutivo– incluya una partida específica en el Presupuesto 2025. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad y sus familias seguirán esperando lo que, en teoría, ya es un derecho adquirido.
La pregunta que queda flotando es tan dura como evidente: ¿De qué sirve promulgar una ley si el Estado se niega a cumplirla?