Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó un escrito ante el juez federal Patricio Maraniello en el que pidió dejar sin efecto la cautelar que impedía a periodistas y medios de comunicación difundir sus audios, con el argumento de que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y manipuladas, pero también porque considera que la medida “se volvió abstracta” y no afecta ni su seguridad ni los derechos de terceros.
De esta manera, la decisión de la hermana del Presidente marca un giro en la estrategia judicial que lleva adelante tras la difusión de los audios que la vinculan con el cobro de coimas a prestadores de servicios del Estado, así como en la búsqueda de despejar las sospechas de censura previa y la denuncia sobre una “maniobra de inteligencia” en su contra.
En su presentación, Karina Milei aclaró que la medida nunca fue pedida como un intento de silenciar a la prensa, sino para resguardar derechos básicos frente a lo que definió como “una operación en contra de su persona y de su familia”. En ese sentido, la funcionaria sostuvo que “los audios fueron obtenidos de manera ilegal, están manipulados y editados con fines políticos”, pero rechazó la idea de que pudieran contener elementos incriminatorios.
En tanto, la titular de la Secretaría General de la Presidencial remarcó que “la libertad de prensa no puede convertirse en un escudo para legitimar campañas de manipulación de la opinión pública ni para promover la difusión de materiales obtenidos por medios delictivos”, al tiempo que diferenció entre el ejercicio legítimo del periodismo y lo que calificó como un “atentado contra la democracia y sus valores más básicos”.
Es preciso mencionar que, el escrito fue presentado como respuesta a la demanda del periodista Jorge Fontevecchia, quien había cuestionado la resolución judicial inicial. Para Milei, la medida ya no tiene sustento porque “los audios atribuidos a quien suscribe fueron reproducidos en medios extranjeros” y su contenido “no compromete la seguridad nacional ni los derechos de terceros”.
El juez Maraniello había dictado la prohibición el 1 de septiembre, tras un planteo del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. En esa oportunidad, el Gobierno sostuvo que la filtración de los audios de Karina Milei formaba parte de una “operación de inteligencia no institucional”, prohibida por la Ley 25.520, que buscaba alterar el clima político a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia señalaba que los audios habrían sido registrados dentro de la Casa Rosada y luego editados para su difusión en un canal de streaming. El programa “Data Clave”, conducido por Mauro Federico en el canal Carnaval, difundió fragmentos de las conversaciones y anticipó que tenía en su poder más de cincuenta minutos de grabaciones de Karina Milei.
En ese momento, el gobierno apuntó contra un grupo de posibles responsables de la maniobra, entre ellos el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes vinculó con sectores de inteligencia y con operadores políticos de la oposición. Según la denuncia, el objetivo era “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
El trasfondo del caso se vincula directamente con las elecciones legislativas de octubre y con la crisis abierta por las acusaciones de coimas en el área de discapacidad, que ya golpearon la imagen de la hermana del Presidente y motivaron fuertes cruces en el Congreso. En ese marco, la decisión de Milei de levantar la cautelar busca reposicionarse en la disputa pública y evitar que el oficialismo sea acusado de cercenar la libertad de expresión.
Escándalo en discapacidad: la otra arista del conflicto que envuelve a Karina
Vale recordar que, desde que comenzó la causa por el escándalo de las coimas en discapacidad, el juez Casanello dictó la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo. Es que, el magistrado tomó esta resolución al encontrar al exfuncionario en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero y una máquina de contar billetes.
Sin embargo, la prohibición de salida del país alcanzaba además de Spagnuolo a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, como los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
Por su parte, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación, lograron acceder al contenido del celular de Spagnuolo, le hicieron una copia y entregaron a Picardi.
De esta forma, la Justicia investiga los chats borrados en el celular de Spagnuolo. Un informe preliminar del peritaje técnico, al que accedió Picardi, detectó que hay mensajes eliminados del dispositivo, mientras los investigadores intentan determinar si entre ellos figuraban conversaciones con el presidente Javier Milei, y su hermana Karina Milei.