A casi ocho años del hundimiento del buque pesquero “El Repunte”, las familias de los diez tripulantes desaparecidos y fallecidos continúan una batalla legal que, según denuncian, busca dilatar la causa hasta su prescripción. El relato de Gabriela Sánchez, hermana del capitán Luis Roberto Sánchez, expone un sistema de impunidad que naturaliza la muerte en el mar y que las familias se niegan a aceptar.
A pesar de que el sobreseimiento de los siete imputados fue apelado y aceptado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la causa se encuentra en un limbo. “Nosotros apelamos esa decisión del juez, por supuesto. Tuvimos la audiencia, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de este tribunal”, explica Gabriela Sánchez. Para ella, la demora no es casual, sino una estrategia para que el caso prescriba después de ocho años denunció ante el Retrato.
El costo de esta batalla se mide en vidas y en salud. Sánchez confiesa que su estado físico se resintió tras años de lucha constante: “Ahora tengo un montón de problemas de salud que tienen que ver con estar las 24 horas pensando de qué manera lograr que esta causa salga adelante”. La red de familias, aunque unida, también ha sufrido el desgaste. “Hay viudas que a los 6, 7 meses dijeron hasta acá llego”, relata. La resistencia de las familias se articula a través del colectivo “Ningún Hundimiento Más”, que ha logrado importantes avances, y está legalmente representada por las abogadas Valeria Carrera y Lorena Arias, esta última hija de uno de los desaparecidos del “Repunte”.
La investigación de las familias, a diferencia de la versión oficial que culpaba al clima, revela otras causas del hundimiento. El “Repunte” estuvo ilegalmente inactivo durante cuatro años. Para no perder el permiso de pesca, el empresario Carlos Caputo (Grupo Ostramar) sorteaba la ley de la siguiente manera: “El barco salía hasta la escollera y volvía con la excusa de una falla”, relata Sánchez.
Cuando esta “artimaña” dejó de funcionar, el empresario se vio forzado a enviar el buque al mar para no perder la cuota. Reclutó a la tripulación de sus otros barcos, incluyendo al hermano de Gabriela, el capitán Luis Sánchez, y los envió a pescar con el barco indebidamente modificado. El desenlace fatal fue cuando una tormenta encontró al barco sin la estabilidad necesaria. “Con los tangones y el viento, el barco se fue de costado y se hundió”, detalla Sánchez.
La narrativa oficial que culpaba al clima se desmoronó con el testimonio de los dos sobrevivientes, recogido en el documental “Barcos de Papel”. Ellos detallaron el caótico abandono del barco y cómo “la única balsa salvavidas se enredó en los tangones“, imposibilitando el rescate de todos. Este testimonio fue vital para la causa.
La impunidad que rodea a los hundimientos, según las familias, se basa en una connivencia entre el poder privado y la burocracia estatal. Gabriela Sánchez pone el ejemplo del entonces subsecretario de Pesca, Tomás Gerpe, quien en una reunión, al ser confrontado por haber firmado los papeles de un barco en esas condiciones, respondió: “Yo firmo papeles”.
“Esa es la mentalidad”, subraya Sánchez. “En el Consejo Federal Pesquero, no importa cual sea el gobierno, los empresarios tienen representantes afines. Siempre firman, dan el visto bueno para que las cosas sigan igual. Acá nadie quiere cambiar nada porque ellos ganan, y la vida de los tripulantes no les importa, es una variable más”.
A pesar del desgaste, la lucha de las familias ha logrado avances significativos en la seguridad marítima. A partir del “Repunte”, se implementaron:
- Trajes de exposición: Obligatorios para todos los tripulantes.
- Doble balsa salvavidas: Un salvoconducto vital que el “Repunte” no tenía.
- Creación de la JST: El movimiento social logró la sanción de la Ley 27.514, que creó la Junta de Seguridad en el Transporte, un ente clave para investigar siniestros marítimos. “Es el único ente que investiga los hundimientos”, subraya.
La mayor victoria, sin embargo, es haber “problematizado” los hundimientos. “Ya no nos quedamos con: ay, se equivocó el capitán o semejante temporal lo hundió” afirma.
La esperanza de las familias radica en que la Cámara Federal falle a su favor y reabra la investigación, sentando un precedente que castigue la negligencia. De lo contrario, la lucha no terminará. “En el caso que sea negativo, bueno, iremos afuera del país buscando justicia”, concluye Sánchez, con la intención de llevar el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La meta no es solo justicia para su caso, sino exponer un patrón de impunidad para que nunca más una familia tenga que vivir lo que ellos vivieron.