Tras el batacazo electoral en la provincia de Buenos Aires, las fuerzas del cielo perdieron por casi 15 puntos, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, convocó a una “mesa nacional de dialogo” con los gobernadores, con el propósito de lavar la cara de la gestión y volver a tener terminales nerviosas con los aliados en el Congreso.
A 48 días de los próximos comicios nacionales, el Gobierno buscó así activar un plan para superar lo sucedido el domingo por la noche, y avanzar rumbo a las elecciones generales sin dejar heridos políticos en el camino. Todos los sectores quedaron comprendidos dentro del plan trazado, aunque con diferentes lugares.
Sin embargo, por repetición, los gobernadores se mostraron escépticos y adelantaron que de no cambiar la postura del mileísmo con respecto al envió de recursos a las provincias, muchos pasarán de participar. Además, la derrota coloca al Ejecutivo en lugar de debilidad, que los jefes provinciales pretenden aprovechar.
En ese marco, el más explícito fue el salteño Gustavo Sáenz, que expresó de manera descarnada los motivos por los cuales los gobernadores desconfían de participar de la mesa nacional de diálogo que convocó la Casa Rosada, para recuperar oxígeno político después de la estruendosa derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires.
“No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”, afirmó el gobernador de Salta, que en el primer año de gestión de Milei, acompañó la batería de medidas que impulso el Ejecutivo.
Lo que sucede es que, la relación de lealtades entre algunos gobernadores y la administración nacional se rompió luego de sucesivas promesas incumplidas, a pesar de los apoyos incondicionales de los mandatarios, que muchas veces fueron en contra de los intereses de sus propios partidos, con las elecciones legislativas de fondo, donde la falta de recursos para gestionar se resiente más.
“La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”, publicó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
En efecto, la tensión se concentra con los gobernadores que fundaron Provincias Unidas, que preparan para el viernes una muestra de fuerza de la Sociedad Rural de Rio Cuarto, en Córdoba. Está prevista la presencia del anfitrión, Martín Llaryora, Pullaro, GustavoValdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y no se descarta alguna presencia más.
El común denominador del malestar entre los gobernadores con el Ejecutivo son los recursos que, dicen, les retienen para cumplir con sus obligaciones presupuestarias. “Nos cagaron con los recursos durante un año y medio y ahora, que tuvieron una paliza en la provincia de Buenos Aires, quieren que les pongamos el hombro”, se lamentaba anoche uno de los gobernadores.
“Primero que el Gobierno nacional envíe los fondos que comprometieron. Yo fui de buena fe a firmar un convenio por viviendas y nunca nada. No mandaron ni un peso. Sería bueno que honren las deudas y no busquen sacarse una foto porque les fue mal el domingo”, expresó el fueguino Gustavo Melella, tras calificar de “poco serio que se convoque por una comunicación de Adorni”.
De todas maneras, los gobernadores todavía no recibieron las invitaciones de la Casa Rosada. Están a la expectativa de recibirla y de conocer con quiénes sería la reunión. Además, ponen una condición: quieren que esté el Presidente. “Si es con los que venimos hablando no hay novedad. Todo bien, pero nada se resuelve, nada se destraba”, mencionó uno en referencia a que el interlocutor habitual es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Cómo son los proyectos de los gobernadores para blindar recursos
Tras semanas de negociaciones frustradas con el Ejecutivo, los gobernadores enviaron al Senado un proyecto de ley que busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles. La propuesta apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera.
En efecto, el objetivo de los mandatarios provinciales es reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional en el otorgamiento de los ATN y establecer criterios más transparentes y automáticos para su distribución. Lo que sucede es que, según alegaron los gobernadores, el Gobierno no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial, tal como corresponde por ley, y se la está quedando para “sostener el superávit fiscal“.
En detalle, el proyecto propone una modificación puntual del artículo 19 de la ley 23.966, que regula la distribución de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, la recaudación se reparte de la siguiente manera: 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% a la Compensación Transporte Público.
De esta manera, solo el 10,40% restante de los ATN se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de $2.500 millones que la Nación percibió por este gravamen. En ese marco, los gobernadores buscan que el monto destinado a las aumente al 58,36%, mientras que el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público mantendrían sus porcentajes actuales.
Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto establece la disolución de todos los fondos fiduciarios mencionados, de modo que el remanente se transfiera directamente a las 24 jurisdicciones. Es decir, “las cajas sucias de la política“, algo con lo que supuestamente Milei arremetió a principios de su mandato.
Cabe destacar que, el proyecto también introduce un cambio clave: si se aprueba, el fondo de los ATN “se distribuirá en forma automática y diaria”, lo que reduciría significativamente la injerencia de la Casa Rosada en el proceso.