El sector del transporte de pasajeros en Mar del Plata atraviesa una “crisis muy importante”, según los principales referentes de las asociaciones de taxistas, quienes atribuyen la problemática no solo a la situación económica del país, sino a la falta de control sobre las aplicaciones digitales de transporte, como Uber y Cabify. Las organizaciones se oponen firmemente a un proyecto de ley impulsado por diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires que busca legalizar estas plataformas, argumentando que las soluciones ya existen en la legislación local.
En diálogo con el Retrato, Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, y Donato Cirone, secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxi, coinciden en su crítica hacia la gestión del intendente Guillermo Montenegro, a quien acusan de incumplir con la ordenanza local 23.928, que prohíbe el funcionamiento de estos servicios. “Lamentablemente, tanto taxistas como remiseros estamos siendo perjudicados”, afirmó Sánchez, quien recordó que el intendente “firmó un documento” comprometiéndose a no permitir el avance de estas empresas internacionales.
Ambos líderes gremiales señalan que la principal queja es la “competencia desleal”. A diferencia de los taxis, que están obligados a cumplir con una serie de normativas y costosos requisitos, las plataformas digitales operan sin control. Cirone detalló que los taxistas deben tener vehículos con no más de diez años de antigüedad, realizar una Verificación Técnica Vehicular (VTV) dos veces al año, y someterse a desinfecciones cada 90 días, entre otros requisitos. “Nosotros queremos competencia, pero que la competencia sea con las reglas iguales”, sostuvo.
Esta situación, según Sánchez, ha generado una “anarquía” en el sector, resultando en una merma significativa de trabajo. Esto ha provocado que muchos choferes abandonen la profesión y que numerosas licencias queden inactivas, lo que se agrava por la imposibilidad de renovar las unidades ante la crisis económica. “No sabemos, pero debe haber muchas licencias paradas”, señaló.
La crítica de los taxistas no se limita a la inacción. Donato Cirone afirmó que es “llamativo el grado de complicidad” del poder político con estas plataformas, sugiriendo que “algún juez debería investigar” si no se está cometiendo un delito. En contraste, denunció que las autoridades sí controlan y reprimen a trabajadores informales como los “trapitos” (cuidacoches).
El sector argumenta que la propuesta de los diputados de La Libertad Avanza de legalizar estas plataformas es “tonta” y no resolverá el problema de fondo. La solución, según los taxistas, no es crear una nueva ley, sino que el municipio haga valer las normativas ya existentes. Propusieron, en cambio, que si hay una necesidad real de más transporte, el Municipio entregue nuevas licencias de taxi, lo que además de regular el servicio, generaría un importante ingreso para las arcas municipales.
Ambos dirigentes advirtieron que la estrategia de las aplicaciones es “destruir a los servicios regulados con precios más bajos”, lo que podría llevar a que, una vez eliminada la competencia, “te van a cobrar el doble, el triple, hasta cuatro veces más de lo que vale un viaje normal”. Concluyeron que la falta de regulación no es “modernización” o “libre mercado”, sino “precarización laboral” y un riesgo directo para la seguridad de los usuarios.