Tras el revés que significó para el Gobierno nacional el rechazo del Congreso al veto presidencial sobre la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad, desde Casa Rosada evalúan los pasos por seguir para buscar dilatar la reglamentación de la normativa.
“No vamos a promulgar la ley y estamos definiendo el mecanismo que más lo dilate”, deslizaron este jueves en el Gobierno. La estrategia está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla.
Tras el rechazo de ambas cámaras del Congreso al veto presidencial, la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más (y que además reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles)deberá volver al Ejecutivo para su promulgación.
En este marco, la estrategia de la Casa Rosada consistiría en ganar tiempo, no apurar la reglamentación de la ley y no presentarse por lo pronto en la Justicia, tal como había advertido días atrás el presidente Javier Milei. “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, había afirmado en una entrevista radial.
De esta manera, el oficialismo esperaría a que actúe la oposición en los tribunales, ante la falta de implementación de la ley de Emergencia en Discapacidad. Recién entonces, la Casa Rosada respondería judicialmente, es decir, apostar a dilatar el tema con vistas a una favorable composición en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre.
Otra alternativa que analizaron desde la cúpula de Gobierno es presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento de que la ley de Emergencia en Discapacidad no “contempla más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla”. Invocan a la Ley Administración Financiera y argumentan al “impacto fiscal” que tendría la inmediata promulgación.
En efecto, el argumento del veto presidencial de principios de agosto fue que la ley sancionada en el Senado ocurrió con “graves vicios reglamentarios”, al no cumplirse los procedimientos. Además, la Presidencia señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, lo que obligaría a realizar emisión monetaria para sus sostenimiento.
Es preciso mencionar que, la votación de este jueves en el Senado nacional arrojó 63 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones al rechazo del veto presidencial y dejaron firme la ley de emergencia en discapacidad. De este modo, la oposición logró voltear por primera vez, en 22 años, un veto del Ejecutivo.
En qué consiste la Ley de Emergencia en Discapacidad
Además de prorrogar hasta diciembre de 2026 la emergencia en discapacidad, la ley establece la regularización de pagos, tales como actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara además el sistema de interés público nacional.
Por otra parte, la ley de Emergencia en discapacidad reforma el sistema de pensiones no contributivas para garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
Asimismo, la ley busca un fortalecimiento institucional para mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
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