El sector de la discapacidad en Argentina ha declarado una “crisis histórica”, que ha llevado a organizaciones como Prestadores Unidos MDP a convocar a una masiva movilización frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para el jueves 4 de septiembre a las 11 horas. El objetivo principal de la protesta es exigir a los senadores nacionales la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advirtiendo que un veto sería un “aval a la desprotección, la corrupción y la exclusión”.
Los organizadores señalan dos ejes principales de conflicto que han llevado a la situación actual: la anulación de pensiones no contributivas y la precarización del sistema de atención.
Recorte de pensiones y precarización laboral
Según el comunicado de prensa, en los últimos meses se han dado de baja más de 110.000 pensiones no contributivas (PNC) a través de “auditorías irregulares” que, afirman, se realizaron “sin garantías, sin instancias de defensa”. Esta medida ha dejado a miles de familias en una situación de “desprotección absoluta”, y es calificada por los convocantes no como un error burocrático, sino como “una decisión política” que vulnera derechos fundamentales.
Paralelamente, el sector denuncia la situación de los trabajadores que sostienen el sistema, como terapistas y acompañantes, quienes enfrentan “pagos retrasados, honorarios congelados y condiciones de trabajo insostenibles”. Son estos profesionales quienes “realmente sostienen el sistema de atención y acompañamiento” y su colapso pone en riesgo la vida de las personas con discapacidad.
La Ley de Emergencia y una grave acusación
La Ley de Emergencia en Discapacidad se presenta como la “solución” legislativa a esta crisis, ya que busca garantizar el acceso a servicios y prestaciones y fortalecer la labor de los trabajadores del sector.
En su comunicación, Prestadores Unidos MDP desestima el argumento de que “no hay dinero”, y afirma que el problema es la “falta de voluntad política y transparencia”. La organización apunta directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionando “denuncias por coimas” como prueba de un “mal uso sistemático” de los fondos. “Mientras se recortan derechos y prestaciones, se desvían recursos que deberían garantizar la vida y la atención de las personas con discapacidad”, asegura el texto.
El mensaje final es un ultimátum al Senado: la sanción de la ley será interpretada como un acto de “responsabilidad histórica y ética”, mientras que un veto será visto como una decisión que “avala la desprotección, la corrupción y la exclusión”. Los organizadores concluyen con la advertencia de que el sector “no puede esperar más”.