El fiscal Guillermo Marijuan pidió citar a declaración indagatoria de seis personas por su presunta participación en un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El requerimiento, fechado este lunes y dirigido al juez federal Sebastián Casanello, responde a la denuncia presentada por José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato, y se apoya en una investigación que incluyó peritajes, allanamientos y análisis de comunicaciones.
El hallazgo de carpetas digitales identificadas como “Compras” y dispositivos electrónicos durante el allanamiento a la sede de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), realizado el pasado 21 de febrero, marcó un punto de inflexión en la investigación que involucra a figuras de perfil político y sindical.
La Fiscalía señaló que “teniendo en cuenta el resultado de la prueba producida durante la instrucción del expediente en ese sentido, considero que se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a las personas que a continuación se mencionan: Pablo Miguel Ansaloni, Diputado de la Nación Argentina (partido Libertad Avanza); Julio Cordero, Secretario de Trabajo de la Nación; Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la pcia. de Buenos Aires de UATRE”.
El origen de la causa
La causa se inició el 5 de febrero de 2025 a partir de una denuncia penal presentada por Voytenco, quien acusó a los mencionados funcionarios y dirigentes sindicales de haber orquestado un acuerdo ilícito para desplazar a las autoridades electas del sindicato. Según la denuncia, el plan se habría materializado con la firma, el 29 de enero de 2025, de un dictamen por parte de Aquino solicitando la intervención judicial de la UATRE, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo y la posterior resolución del secretario de Trabajo.
De resultar citados a indagatoria, todos ellos deberán responder por hechos que, según la Fiscalía, podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento, previstos en los artículos 248, 256 bis y 277 del Código Penal.
El requerimiento detalla que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían sucedido una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Entre ellas, la imposición de una intervención en OSPRERA, la designación de allegados en cargos clave y la celebración de contratos por servicios no prestados, que habrían perjudicado el patrimonio de la entidad.
Los argumentos de la denuncia
Según señaló el fiscal en el escrito, el denunciante sostuvo “que aproximadamente desde fines del año 2024 Marcelo Andrada, Pablo Ansaloni y Aixa Petriati, invocando tener influencias en dependencias de la Secretaría de Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación, habrían anunciado públicamente en distintos ámbitos que lograrían la intervención de la UATRE, haciendo circular un borrador de un dictamen del Director Nacional de Asociaciones Sindicales en el que se solicitaba la intervención del sindicato. Inicialmente en UATRE no se le otorgó importancia ya que el borrador exponía hechos falsos donde se citaban expedientes administrativos resueltos”.
“Al mismo tiempo, explicó el denunciante que el Director Nacional no posee competencia ni facultades para emitir un dictamen. Sin embargo, el 29 de enero del año en curso desde la Dirección de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano se firmó el dictamen referenciado, mediante el cual se solicitó la intervención judicial del sindicato UATRE”, agrega el escrito dirigido al juez.
El trabajo de la fiscalía
A partir de la denuncia, la Fiscalía recopiló pruebas a partir de sumarios de la Policía Federal, informes de la Gendarmería Nacional, registros de ingresos a dependencias oficiales, grabaciones de cámaras de seguridad y peritajes sobre dispositivos electrónicos incautados. Entre los elementos más relevantes figuran registros de llamadas y mensajes entre los imputados, que evidenciarían la coordinación de acciones para lograr la intervención.
Según consta en el pedido del fiscal, el análisis de la agenda telefónica de Petroni reveló frecuentes comunicaciones con Ansaloni, Cordero y Petriati, así como referencias a reuniones con otros funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La investigación también documentó reuniones en la Secretaría de Trabajo y en la sede de OSPRERA, así como la participación de los imputados en audiencias oficiales. Los registros muestran que Ansaloni ingresó en siete ocasiones a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, mientras que Petriati y Andrada también mantuvieron reuniones con funcionarios del área.
El rechazo de la intervención
En el plano judicial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo rechazó la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo para intervenir la UATRE. El juez Carlos Pose argumentó en su voto: “La petición estatal resulta improcedente: nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical (art. 4º ley 23.551) y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta solo viable si se acreditase fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado”.
La jueza Gabriela Alejandra Vázquez, por su parte, coincidió en que “no se concretarían prima facie –al menos en esta instancia del proceso– las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 56 inciso 3, apartado b de la ley 23.551, como para habilitar desde esta judicatura la pretensión cautelar”.
En su dictamen, el fiscal Marijuan sostuvo que la prueba reunida “permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones y el rol que tuviera cada una de las personas cuya indagatoria aquí se solicita”.
El dictamen subraya que los imputados “sacando provecho de los cargos e influencias que tuvieran dentro del ámbito de la función pública y como representantes sindicales, manteniendo diferentes reuniones y conversaciones, fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la UATRE”.
“Hasta aquí queda claro, entonces, la acción concertada para la ilícita intervención de UATRE donde se ve comprometido un Diputado Nacional, un Secretario de Estado y otros funcionarios sin perjuicio, posiblemente, que el devenir de la investigación y otros elementos que puedan conocerse al accederse al expediente que tramitó ante el Juzgado Federal Nro 1 de Lomas de Zamora permitan avanzar con otras responsabilidades”, señala el escrito.
La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada.