El Gobierno nacional de Javier Milei despidió a 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) apenas una hora después de que el Senado rechazara el decreto que buscaba desguazar al organismo, lo que desató una fuerte crisis institucional ya que gremios y legisladores denuncian que la Casa Rosada desobedeció tanto al Congreso como a la Justicia.
La medida fue instrumentada a través de una resolución del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, que alcanzó también a otros entes descentralizados. El episodio se produjo luego de que el Senado, en sintonía con la Cámara de Diputados, invalidara el Decreto 462/25 que disponía la supresión del INTA, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con la Resolución 1240/25 firmada por Caputo, que puso en disponibilidad a 367 trabajadores en total, de los cuales 286 pertenecen al INTA. La norma, registrada a las 19:28 del jueves, apenas sesenta minutos después de la votación parlamentaria, argumenta que los despidos forman parte del proceso de “transformación” del organismo a uno desconcentrado, y de la reestructuración administrativa del resto de los institutos.
Justamente esas reformas habían sido frenadas por el Congreso y por una cautelar de la Justicia Federal, lo que alimenta las acusaciones contra la Casa Rosada por desconocer la institucionalidad. Además, la resolución estableció que quedaban limitadas todas las licencias sin goce de haberes, comisiones de servicio, adscripciones o asignaciones transitorias vinculadas al personal de los organismos alcanzados, lo que implica un corte abrupto de cualquier régimen de excepción.
En tanto, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general nacional Rodolfo Aguiar denunció que la medida “desconoce la voluntad del Congreso y una orden judicial”, y advirtió que “es un acto administrativo viciado, dictado con mala fe y al margen de la ley”. Según el dirigente, la decisión de Milei “fractura el Estado de Derecho” porque implica un desconocimiento directo de los contrapesos democráticos.
ATE también señaló que en el listado de despidos figuran delegados gremiales y trabajadores que participaron de las movilizaciones y protestas contra el cierre del INTA, lo que configuraría una violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. “Es una persecución sindical abierta”, remarcaron desde el sindicato, al tiempo que anticiparon nuevas medidas de fuerza para exigir la reincorporación inmediata del personal.
Es que, los trabajadores despedidos cumplen tareas estratégicas en áreas de investigación agropecuaria, extensión rural y desarrollo tecnológico en distintas provincias. En muchos casos, se trata de profesionales con décadas de experiencia en la transferencia de conocimiento hacia productores pequeños y medianos, por lo que el recorte amenaza con dejar sin soporte técnico a amplias zonas del interior del país.
Por caso, la resolución también alcanzó a 49 empleados del INV, 8 del INASE y 97 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos que fueron reestructurados bajo el mismo decreto delegado que el Congreso rechazó. En ese marco, legisladores opositores advirtieron que el Gobierno podría haber incurrido en “desobediencia al Parlamento” y adelantaron la posibilidad de iniciar acciones judiciales.
La reacción sindical y política coincidió en calificar la medida como un “vuelto” de Milei tras el revés legislativo, en una estrategia de confrontación abierta con el Congreso y con los gremios. El conflicto por el INTA se perfila como un nuevo frente de batalla que pone en jaque la estabilidad institucional y anticipa un clima de mayor conflictividad en las próximas semanas.
El Senado rechazó el DNU para desguazar el INTA
Es preciso mencionar que, la decisión de despedir trabajadores del INTA se conoció en paralelo a otro traspié para el oficialismo en el Senado, donde la oposición logró sancionar la emergencia en pediatría con el Hospital Garrahan como emblema, y además avanzó en la discusión por el financiamiento universitario.
En la misma sesión en la que se rechazó el decreto sobre el INTA, la Cámara alta votó por amplia mayoría la declaración de emergencia en pediatría por un año, lo que incluye aumentos salariales para el personal de salud, recursos para insumos críticos y la eximición del pago de Ganancias para guardias y horas extras. No obstante, el Gobierno ya anticipó que vetará la norma.
Por otra parte, el Senado trató el financiamiento universitario, otra de las banderas de la comunidad educativa que viene movilizándose desde principios de año. La oposición reclamó garantizar la continuidad de los fondos para las universidades nacionales en un contexto de inflación y ajuste presupuestario.
El oficialismo, aislado en la discusión, quedó nuevamente en minoría frente a una articulación opositora que viene cosechando triunfos legislativos. Para la Casa Rosada, el rechazo al DNU y la sanción de estas leyes configuran una ofensiva política, mientras que desde la oposición se defienden como la necesidad de preservar derechos básicos frente al ajuste del Ejecutivo.