Prestadores Unidos MDP se pronunció con fuerza luego de que salieran a la luz graves denuncias por corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El escándalo involucra al ahora desplazado titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios del Gobierno, tras la filtración de audios donde se exponen coimas millonarias vinculadas a contratos de medicamentos, internaciones y traslados.
Según las grabaciones, se habrían desviado entre USD 500.000 y USD 800.000 mensuales en sobornos, fondos que deberían haberse destinado a garantizar tratamientos, apoyos, medicación y traslados para personas con discapacidad. En los audios también se menciona a una asesora presidencial y, de forma indirecta, al propio Presidente. Como respuesta, el Gobierno anunció la intervención de la ANDIS, que pasará transitoriamente a la órbita del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones.
“Plata había, lo que faltaba era voluntad política de hacerla llegar”, denunciaron desde Prestadores Unidos MDP, subrayando el contraste entre el discurso oficial de escasez de fondos y el millonario desvío de recursos revelado. Esto, mientras en el terreno se acumulan terapias suspendidas, familias desesperadas y prestadores trabajando en condiciones de extrema precariedad.
Desde el colectivo apuntan directamente al Gobierno por permitir, encubrir o desatender el entramado de corrupción. “La corrupción no es un problema abstracto; tiene consecuencias reales. Cuando el Estado no garantiza derechos, se vulnera la esencia misma de la ciudadanía”, remarcaron.
El comunicado también critica duramente los intentos previos del Ejecutivo de justificar el ajuste en el área de discapacidad con argumentos de necesidad fiscal. “Se intentó instalar que el foco de la corrupción eran las pensiones suspendidas, pero estos audios demuestran que el dinero estaba siendo robado desde adentro del Estado”, sostuvieron.
Frente a este panorama, Prestadores Unidos MDP exige:
- Transparencia total en los procesos de compra y financiamiento.
- Auditoría externa e independiente sobre el destino de los fondos.
- Pago digno y puntual a prestadores y continuidad garantizada de tratamientos.
- Restitución inmediata de los recursos desviados.
- Investigación, juicio y destitución de todos los funcionarios implicados.
“El Gobierno habla de judicializar la Ley de Emergencia por falta de fondos; quizás debería judicializar a sus funcionarios por hacer uso de recursos que no les son propios”, concluyeron.
Prestadores Unidos MDP se define como un grupo apartidario e independiente, comprometido históricamente con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus tratamientos.