En las últimas horas, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Oriana Colugnatti, abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura, tras la presentación de un proyecto que busca habilitar legalmente las plataformas de transporte de pasajeros como Uber, Cabify o DiDi, que desde su llegada a la Argentina se posicionaron como fieles enemigos de los taxis.
En tanto, el proyecto de la diputada propone la libre prestación del servicio de transporte punto a punto bajo el principio de “libertad contractual y sin regulaciones” propias del transporte público, lo que significa un cambio profundo respecto de la actual Ley 13.927 que regula la actividad en la provincia de Buenos Aires, ya que las aplicaciones quedarían exceptuadas de varias exigencias que sí deben cumplir taxis y remises.
En sus redes sociales, la diputada bonaerense oriunda de Tres de Febrero, remarcó que el intendente Diego Valenzuela ya permitió la operación de plataformas digitales mediante una ordenanza municipal, y argumentó que la iniciativa busca “reconocer un fenómeno” que ya existe en gran parte del territorio bonaerense, en el que los ciudadanos utilizan las aplicaciones como Uber a pesar de la falta de respaldo normativo.
Así, el texto que lleva la firma de la diputada de La Libertad Avanza contempla que taxis y remises puedan sumarse a las plataformas de manera voluntaria, lo que abre la posibilidad de integración entre sistemas tradicionales y digitales. Sin embargo, los gremios de taxistas y remiseros rechazan el esquema, porque entienden que “no hay igualdad de condiciones”, dado que ellos pagan habilitaciones, seguros y patentes, mientras que las aplicaciones funcionan sin asumir los mismos costos ni controles.
Por caso, la normativa propuesta por La Libertad Avanza también genera suspicacias porque, al exceptuar a las plataformas de varias disposiciones de la Ley 13.927, en la práctica configura un marco más flexible para las empresas tecnológicas, lo que refuerza las críticas de taxistas y remiseros que aseguran que se promueve una competencia asimétrica en detrimento de miles de trabajadores que ya operan bajo reglas estrictas.
Actualmente, en la provincia de Buenos Aires no existe una regulación general para aplicaciones de transporte, sino que cada municipio define su postura. En Tres de Febrero, Valenzuela avanzó en la habilitación, mientras que en La Plata conviven proyectos locales que van desde la regularización hasta propuestas de prohibición, lo que refleja la fragmentación política del tema y la dificultad para encontrar consensos.
Taxistas amenazaron a un concejal por un proyecto similar
En la ciudad de La Plata, la discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte escaló en tensión cuando taxistas y remiseros amenazaron al concejal del PRO, Nicolás Morzone, por presentar un proyecto que busca establecer un marco normativo para Uber, Cabify y DiDi, con advertencias que llegaron hasta la realización de protestas en la puerta de su casa.
El dirigente del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros, Juan Carlos Berón, aseguró que “Morzone se va a tener que ir a vivir a otro lado porque ya estamos averiguando dónde vive para organizarle un piquete”, y acusó al edil del PRO de jugar contra los trabajadores de taxis y remises, actividades que sostienen a miles de familias en la capital bonaerense.
Es que, el proyecto de Morzone plantea que las aplicaciones se registren en La Plata con domicilio legal en la ciudad, ofrezcan atención a usuarios y choferes, e implementen medidas de seguridad como botón de pánico y seguimiento en tiempo real. Además, exige a los conductores los mismos requisitos que cumplen los taxis y remises, que son DNI, licencia vigente, antecedentes penales y documentación completa de los vehículos.
Sin embargo, la propuesta recibió un fuerte rechazo gremial, no solo del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros sino también de la Asociación Civil Taxistas 7 y 51, alineada con la CTA-A, que advierten que legalizar las plataformas implicará precarizar la actividad, favorecer a corporaciones que no tributan en el país y profundizar la pérdida de pasajeros frente a un sector que sí cumple con cargas impositivas, seguros y patentes.