Una vez más, frente al desfinanciamiento, familias, prestadores y profesionales se reúnen para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia. El sector denuncia que los recortes ya afectan la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales, advirtiendo sobre el colapso del sistema.
El colectivo de personas con discapacidad, junto a sus familias, prestadores y profesionales, se concentrará este miércoles a las 11 horas, frente a la Municipalidad. La movilización tendrá como objetivo presionar a la Cámara de Diputados de la Nación para que apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento legislativo fue retomado en el recinto. La normativa requiere dos tercios de los votos para anular el veto del Poder Ejecutivo.
La protesta se enmarcará en un contexto de crisis que, según los organizadores, amenaza con desmantelar el sistema de atención. Jesica Machado, representante del colectivo Prestadores Unidos Mar del Plata, describió la situación como una emergencia tangible y urgente. “Hay centros educativos terapéuticos que están realizando mes a mes rifas, bingos, ferias de platos para poder sostener los insumos básicos”, señaló Machado en entrevista con el Retrato.
La problemática, según el comunicado de prensa emitido por el colectivo, no es una cuestión de caridad, sino la defensa de derechos ya consagrados en la Constitución Nacional. La falta de presupuesto, la demora en los pagos y la precarización laboral están afectando la calidad de los servicios.
Machado detalló que las consecuencias directas de esta situación ya son visibles:
- Reducción de prestaciones: La falta de financiamiento ha obligado a recortar sesiones de terapia y traslados.
- Cierre de instituciones: Algunos centros de atención ya han cerrado o se encuentran bajo amenaza de cierre.
- Abandono profesional: Un número creciente de prestadores se ve obligado a migrar a otros trabajos ante la insostenibilidad económica.
“Un traslado que no se realiza es una persona que no recibe la terapia”, puntualizó la referente, enfatizando que el impacto se traduce en una pérdida de calidad de vida para las personas con discapacidad. Además, advirtió que, en caso de que el sistema privado colapse, el Estado no cuenta con los recursos para garantizar la atención desde el ámbito público.
Respecto a las críticas del Gobierno Nacional, que argumenta que la ley es “regresiva y asistencialista”, Machado afirmó que su existencia misma es un indicador del desfinanciamiento total del sector. “Si el sistema funcionase, no hubiese sido necesario hacer una ley”, sostuvo. Asimismo, argumentó que la normativa es “una curita” para un sistema que está “agonizando” y que el veto presidencial es, en la práctica, un desconocimiento de los derechos adquiridos.
El colectivo exige a los diputados que “estén a la altura de las circunstancias” y voten por la ley, sin considerar “banderas políticas”. Finalmente, Machado aseguró que la lucha continuará en caso de que la ley no sea aprobada, aunque el tiempo perdido ya está impactando negativamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en el estado anímico de los prestadores.