El conflicto en el puerto de Mar del Plata se agrava con el caso de 50 trabajadores de la empresa Ostramar que, tras meses sin recibir salarios, fueron despedidos con una indemnización reducida y la oferta de continuar trabajando en la informalidad.
Un nuevo capítulo de la crisis laboral se desarrolla en el puerto marplatense. Cincuenta trabajadores fileteros de la firma Ostramar, parte del Grupo Caputo, han quedado en la calle y denuncian la propuesta de la empresa: recibir el 50% de la indemnización que les corresponde, pagada en cuotas de 12 a 18 meses, a cambio de trabajar en la informalidad bajo la tutela de un nuevo empleador que alquilaría la planta.
El conflicto, que se ha extendido por más de tres meses sin que los obreros perciban un salario, llevó a los afectados a protestar frente a la casa de la dueña de la empresa, Marcela Caputo. Este caso se suma a la ola de despidos que afecta a la industria pesquera local, con similitudes a lo ocurrido en empresas como Apolo Fish, donde también se buscó remplazar a los empleados registrados por trabajadores “en negro”.
Según Marcela Ibarrola, secretaria gremial del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), la situación comenzó con demoras en los pagos y la empresa ha llegado al punto de considerarlos despedidos. La dueña, argumentan, se encuentra inhibida por una causa judicial y el frigorífico está concursado. “Nos manifestó que es esto o la quiebra”, declaró Ibarrola en entrevista con el Retrato.
Sin embargo, el sindicato rechaza esta versión y la considera una maniobra para desmantelar un plantel de trabajadores con décadas de trayectoria. “Estamos hablando de un trabajador de 32 años de antigüedad o gente que tiene 20, 23, 25 años trabajando”, afirmó la dirigente. “El trabajador que tiene tantos años, se siente totalmente decepcionado por cómo se fueron dando las cosas”.
El conflicto en Ostramar expone una problemática más amplia que el SOIP viene denunciando hace tiempo. Ibarrola sostuvo que un 60% del trabajo en el puerto de Mar del Plata es informal y que las inspecciones ministeriales, que han identificado a 245 trabajadores irregulares en 16 plantas, no resultan efectivas. Las empresas prefieren pagar las multas antes que regularizar a sus empleados. De esta forma la precarización continua en el puerto extendiéndose en todos los niveles.
La secretaria gremial enfatizó que los trabajadores del sector se sienten “completamente desamparados” por el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “No les interesa que la gente esté registrada“, sentenció, en referencia a la falta de apoyo. A pesar de ello, el SOIP sostiene que, dado que no hay una comunicación formal de despido, la lucha continuará por la estabilidad y los derechos de los trabajadores.
Foto: InfoGremiales