A poco de cumplirse el plazo que fijó el tribunal oral de la causa “Vialidad” para que Cristina Fernández de Kirchner deposite, junto con los demás condenados, el pago de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la expresidenta presentó un escrito junto a su defensa donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Además, cuestionó el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.
El Tribunal Oral Federal 2 había fijado como fecha límite este miércoles a las 09:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositaran en una cuenta judicial un total de 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- como una de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública.
En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como“determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso junto al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.
Así las cosas, este martes tanto la exmandataria como sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy presentaron escritos para responder a la intimación del TOC respecto a la orden de pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Para Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
Y precisó: “la conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”
“Sentado cuanto precede -aclaró la expresidenta-, de conformidad con los términos fijados por la ley y los criterios jurisprudenciales antes mencionados, debo manifestar que no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados (…)“.
Y destacó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima.
Según el escrito de la expresidenta, tanto la medida dispuesta como el cálculo que se realizó para fijar el monto a pagar estuvieron viciados desde un principio. “Esta regresión normativa, que nos reconduce a prácticas inquisitivas y totalitarias, transforma al proceso en trámite en un mecanismo de persecución con rasgos estrictamente confiscatorios”, afirmó en su presentación.
A su vez, señaló: “Todo ello revela una situación de extraordinaria gravedad institucional, en tanto se pretende llevar a cabo, por vías de hecho, lo que el derecho expresamente prohíbe. En ese contexto, es imposible no calificar a lo actuado como un verdadero disparate jurídico, que se aparta de manera grosera del sistema legal vigente y que, de concretarse, comprometerá la responsabilidad internacional del Estado argentino, a mérito de las garantías convencionales vulneradas”.