Como todos los miércoles, efectivos de las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir a los jubilados, becarios, docentes universitarios y trabajadores estatales que se encontraban manifestando en las inmediaciones del Congreso, mientras transcurre el debate en la Cámara de Diputados de proyectos claves.
Es que, las fuerzas de seguridad desplegaron un mega operativo de seguridad, en la marcha habitual de los miércoles en donde los jubilados denuncian el brutal recorte de ingresos que sufren por parte de la administración nacional, intensificado tras el veto al aumento de 7,2% aprobado por el Congreso.
Sin embargo, en la jornada de hoy, particularmente, se sumaron nuevas columnas de trabajadores estatales, científicos del CONICET, docentes universitarios y personal de salud, dado que la Cámara de Diputados se encuentra debatiendo una batería de proyectos que podrían aminorar la crisis de los sectores.
En ese contexto, minutos después de las cuatro de la tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre la calle Paraná y rociaron con gas lacrimógeno a los manifestantes, fotógrafos y trabajadores de prensa en un intento de que despejen la calle.
“Repudiamos la represión en la zona del Congreso. La policía porteña sostiene el ataque sistemático a la prensa y agredió directo a cronistas y fotógrafos con gases e hidrantes. No quieren que hagamos nuestro trabajo de mostrar las protestas por jubilaciones, salud, educación”, manifestaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
Ante esta situación, comenzaron los forcejeos, corridas y golpes contra la Policía, lo que culmino con camiones hidrantes avanzando sobre Avenida de Mayo y rociando a las personas que intentaban asistir a los manifestantes heridos por el gas.
“Nos vetan las jubilaciones y nos quieren hacer desaparecer”, gritó con bronca, en medio de los forcejeos, una ex docente de 72 años, mientras sostenía un cartel con la consigna ´Los jubilados también votamos´.
A su lado, empleados estatales mostraban carpetas repletas de informes, proyectos y estadísticas. “Acá están los motivos por los que no se puede cerrar el INTI. Esto no es ideología, es desarrollo productivo”, apuntó uno de los delegados ante los medios que cubrían la convocatoria.
Por su parte, los trabajadores de Vialidad Nacional también expresaron su rechazó al cierre del organismo. “No somos un gasto, somos quienes construimos rutas, controlamos puentes, garantizamos seguridad vial. Nos quieren desaparecer por decreto”, denunció una técnica con más de veinte años de servicio.
En paralelo a la situación de violencia que se vivió en las calles de la ciudad porteña, la Cámara de Diputados avanza con el tratamiento de proyectos claves como el que pretende aumentar los fondos de las universidades, retroceder con el cierre de Vialidad Nacional o la emergencia pediátrica para la financiación del Hospital Garrahan.
De esta forma, tras el parate parlamentario por el receso invernal, la Cámara de Diputados de la Nación encabeza una sesión especial pedida por el peronismo y la oposición dialoguista, en la que se tratarán una batería de proyectos incómodos para el presidente Javier Milei.
Cabe destacar que, Diputados podría tratar además los dos proyectos patrocinados por los Gobernadores que ya vienen con media sanción del Senado: la distribución automática de los recursos del fondo de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias y la coparticipación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
No obstante, dado que ninguno de los textos parlamentarios pasó por comisiones, la oposición necesita dos tercios del recinto para aprobar los proyectos de los Gobernadores, un número virtualmente imposible de conseguir. Por tal motivo, se deberán conformar con avanzar en un emplazamiento que le ponga un plazo a las comisiones de Presupuesto y Energía para dictaminar.
Otra de las cuestiones que la oposición quiere poner en agenda es la declaración en emergencia del sistema nacional de Ciencia, y una resolución para volver a activar la comisión especial investigadora del caso $Libra, que se encargaba de definir la implicancia de Milei en la estafa cripto del pasado febrero. La semana pasada, este ente legislativo quedó paralizado gracias a una maniobra del oficialismo.