La marcha de jubilados, que se hizo habitual todos los miércoles, comenzó con una concentración de agrupaciones de beneficiarios como de organizaciones que respaldan el reclamo, que piden una mejora en sus haberes. En tanto, también se hizo foco sobre el inminente veto que el Gobierno prometió a la suba que se aprobó en el Congreso de la Nación.
Desde temprano, el perímetro del Congreso fue el centro de una nueva movilización. La zona mostró la presencia de efectivos de las fuerzas federales, quienes desplegaron un operativo con patrulleros y vallados en los accesos clave, como la Avenida Entre Ríos y la Avenida Callao, como así también la Avenida Rivadavia, para impedir el avance de los manifestantes hacia el Palacio Legislativo.
En tanto, pasadas las 4 de la tarde, se vieron a grupos de diferentes organizaciones sociales que se sumaron a la manifestación y se enfrentaron con efectivos de la Policía de la Ciudad, que redujeron a algunos de los protestantes. Hubo al menos cinco detenidos.
Según pudo saber este medio, una columna de al menos 100 manifestantes intentó cortar la Avenida de Mayo con la intención de marchar a la Plaza Mayo. Sin embargo, ante la negativa de los efectivos, algunos manifestantes comenzaron a agredir al personal policial y a arrojar objetos contundentes por lo que se produjeron detenciones puntuales de los agresores.
Por otra parte, se registró que al menos una mujer resultó herida producto de los enfrentamientos que se dieron en un café de la zona, que terminó con destrozos.
Según las imágenes que se vieron por la televisión, los efectivos porteños marcaban con pintura a los manifestantes que detectaban como los que iniciaban los conflictos.
Con el operativo, los uniformados impidieron el ingreso hacia el Congreso a quienes no fueran legisladores, empleados o integrantes de la prensa acreditada.
En esta nueva convocatoria, el reclamo principal de los manifestantes era el aumento de las jubilaciones mínimas hasta los 1.250.000 pesos, la restitución plena de medicamentos y tratamientos, así como el restablecimiento de la movilidad jubilatoria. Los asistentes mostraron carteles contra la política de ajuste y el “brutal plan económico del FMI que golpea a todos los sectores populares”, en palabras de los voceros de la convocatoria. Además, denuncian el creciente vaciamiento del PAMI y la falta de acceso regular a medicamentos y prestaciones médicas.
Los manifestantes, en tanto, exigen el fin de la “represión sistemática del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich”, sosteniendo que el accionar policial de las semanas anteriores dejó heridos de gravedad.
A cuánto subirían las jubilaciones si se promulga la ley de jubilaciones
En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.
El proyecto prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.
De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111.”
Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente.
En la Casa Rosada afirman que de aprobarse los aumentos, se vetará la ley y si el Congreso consigue los votos para rechazar el veto irán a la Justicia. El Ejecutivo busca mantener el equilibrio fiscal a como dé lugar.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, desafió el presidente en sus redes sociales tras la votación.
El aumento del bono a $110.000, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.