Los concejales del interbloque oficialista, Angélica González y Guido García, presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para manifestar su rechazo al reciente aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida apunta directamente al esquema de concesión que rige actualmente en este servicio, al que calificaron como “monopólico, ineficiente y abusivo”.
“El aumento acumulado de la VTV en lo que va del año ya alcanza el 47,7%, muy por encima de la inflación del mismo período, que fue del 15,1%. Los bonaerenses están siendo rehenes de un sistema que solo beneficia a las empresas concesionarias y al propio Estado provincial”, explicó Angélica González, presidenta del bloque y autora del proyecto.
Desde la Coalición Cívica denunciaron que este servicio obligatorio —que impacta tanto en el uso particular como profesional de vehículos— se convirtió en una “caja de recaudación sin control”, con precios fijados a partir de una fórmula atada al salario del gremio SMATA y la cámara empresaria CAVEA. Hoy, el valor para un vehículo liviano es de casi $80.000, mientras que en provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza los precios oscilan entre los $33.000 y $45.000.
“La Provincia adjudicó nuevas zonas exclusivas en diciembre pasado consolidando un esquema cerrado y excluyente. Lejos de fomentar la competencia, se consolida un sistema que castiga a los contribuyentes y beneficia a unos pocos. La política tarifaria del gobernador tiene cada vez menos relación con la realidad de la gente”, aseguró Guido García, el otro autor del proyecto.
El proyecto de comunicación, además, propone al Ejecutivo provincial revisar los términos de la concesión vigente y autorizar a talleres particulares a brindar este servicio, replicando el modelo de control vigente para vehículos con GNC. “No hay ninguna razón técnica para que el servicio de VTV no pueda prestarse desde talleres de cercanía debidamente habilitados. Sería una forma concreta de generar competencia, bajar los costos, fomentar el empleo local y cortar con este esquema de aumentos atados a una sola paritaria”, agregó García.
En la zona que incluye a General Pueyrredon, se proyectaron más de 285.000 verificaciones para 2023, cifra que crece año a año. Actualmente, hay solo cinco plantas habilitadas para una amplia región que abarca desde Tandil hasta Necochea.
“Lo que reclamamos es sensatez. No se puede seguir cargando sobre los vecinos tarifas altísimas por un servicio obligatorio y cerrado. La Provincia debe abrir el juego y pensar en un esquema más justo, competitivo y accesible”, concluyeron los concejales.