El Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, atraviesa una fase crítica en el Congreso, ya que, al romper el vínculo con los gobernadores, el oficialismo, en ambas cámaras, no tiene los votos para sostener el veto presidencial al proyecto que otorga un aumento a las jubilaciones, así como al que blinda los recursos de los gobernadores.
Es que, luego de que el presidente los catalogara como “la última trinchera de la casta” por no recortar el gasto público de sus provincias, los gobernadores comenzaron a amenazar al Ejecutivo con quitarle el respaldo para sostener el eventual veto al aumento que aprobó Diputados a los jubilados y pensionados.
La relación de lealtades entre algunos gobernadores y la administración nacional viene con problemas desde principio de año, debido a la falta de incentivos por parte de Casa Rosada a los apoyos incondicionales de los mandatarios, que muchas veces van en contra de los intereses de sus propios partidos.
En ese contexto, el ex jefe de bancada de los libertarios en Diputados y titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, expuso la fragilidad de las fuerzas del cielo en el ámbito parlamentario. “Hoy los votos no están, ni en Diputados, ni en el Senado”, expresó preocupado el ex violeta.
Además, con duras críticas a la falta de diálogo y en medio de tensiones con los gobernadores, Zago pidió al Ejecutivo “volver a la mesa de discusión” y advirtió que sin consensos será “muy complicado” evitar que el Congreso insista con las leyes vetadas.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que la intención del Ejecutivo nacional es abrir una nueva instancia de dialogo con los mandatarios. Sin embargo, volvió a poner reparos sobre los proyectos aprobados, los cuales implican, según el funcionario, “un aumento significativo del gasto público”.
“Vamos a conversar con los gobernadores para sostener el veto”, anticipó Francos en declaraciones televisivas. En ese marco, el ministro coordinador señaló que hay mandatarios provinciales que “quieren acordar” y que están dispuestos a acompañar la estrategia del Ejecutivo nacional.
Al respecto, el funcionario libertario reconoció que las negociaciones con las provincias no escapan a la dinámica electoral de este año. Aunque el Gobierno mantiene un diálogo constante con los gobernadores, Francos admitió que esas gestiones se ven atravesadas por el contexto de campaña, lo que condiciona el desarrollo de las conversaciones.
De todas maneras, desde las provincias sostienen que, en todo este tiempo, Casa Rosada no mostró ni una señal de agradecimiento a la cooperación que supieron mostrar los gobernadores en el Congreso, por lo que, sin una propuesta concreta para recuperar fondos, el dialogo continuará roto.
Cómo son los proyectos de los gobernadores destinados al veto
Tras semanas de negociaciones frustradas con el Ejecutivo, los gobernadores enviaron al Senado un proyecto de ley que busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles. La propuesta apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera.
En efecto, el objetivo de los mandatarios provinciales es reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional en el otorgamiento de los ATN y establecer criterios más transparentes y automáticos para su distribución. Lo que sucede es que, según alegaron los gobernadores, el Gobierno no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial, tal como corresponde por ley, y se la está quedando para “sostener el superávit fiscal“.
En detalle, el proyecto propone una modificación puntual del artículo 19 de la ley 23.966, que regula la distribución de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, la recaudación se reparte de la siguiente manera: 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% a la Compensación Transporte Público.
De esta manera, solo el 10,40% restante de los ATN se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de $2.500 millones que la Nación percibió por este gravamen. En ese marco, los gobernadores buscan que el monto destinado a las aumente al 58,36%, mientras que el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público mantendrían sus porcentajes actuales.
Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto establece la disolución de todos los fondos fiduciarios mencionados, de modo que el remanente se transfiera directamente a las 24 jurisdicciones. Es decir, “las cajas sucias de la política“, algo con lo que supuestamente Milei arremetió a principios de su mandato.
Cabe destacar que, el proyecto también introduce un cambio clave: si se aprueba, el fondo de los ATN “se distribuirá en forma automática y diaria”, lo que reduciría significativamente la injerencia de la Casa Rosada en el proceso.