Profesionales de la salud, familias, instituciones y organizaciones se convocaron en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Luro exigiendo la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El sector denuncia un desfinanciamiento crítico, aranceles desactualizados y el riesgo inminente de cierre de instituciones, afectando directamente a las personas con discapacidad. Si bien esta ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, pende sobre ella la amenaza de veto del presidente de la Nación.
La crisis en el sector de la discapacidad en Mar del Plata alcanzó un punto de ebullición este miércoles, con una protesta y vigilia frente a la Municipalidad. Jesica Machado, representante de Prestadores Unidos Mar del Plata, encabezó la movilización, que reunió a prestadores, transportistas, familias y personas con discapacidad para exigir la urgente sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado. La ley, ya aprobada en Diputados y hoy por unanimidad en el Senado, busca paliar una situación de desfinanciamiento que amenaza con la desaparición del sistema de prestaciones tal como se lo conoce. No obstante, sobre esta Ley pende la amenaza de veto del presidente de la Nación, una cuestión central que genera profunda preocupación en el sector.
En diálogo con “el Retrato”, Jesica Machado explicó que la emergencia no es solo actual, sino que ha llegado a un punto crítico. La situación afecta a todos los involucrados: “A nosotros como prestadores nos afecta que hace siete meses no recibimos incrementos en nuestros honorarios profesionales, y cobramos devaluadas nuestras prestaciones por debajo del valor de la inflación”. Denunció que la Agencia Nacional de Discapacidad no se reúne para tratar paritarias desde el año pasado y que los cobros se realizan con “cada vez más desfase en el tiempo”, con compañeros que recién perciben pagos de febrero de 2025, es decir, con demoras de “60, 90 días” tras haber brindado el servicio. Además, los prestadores se encuentran en una situación de “total precarización”, ya que brindan un servicio privado terciarizado por el Estado, sin embargo, son autónomos y deben afrontar todos los costos.
Para las personas con discapacidad, el impacto es directo: “Un sistema que hoy por hoy está siendo solamente sostenido por los prestadores porque el Estado no está dando los recursos ni políticas para la discapacidad, los prestadores son los que sostenemos el sistema”.
Propuestas de la Ley de Emergencia y la realidad local
La Ley de Emergencia, si bien no es una solución definitiva, se presenta como una “gran curita”, según Machado, para las cuestiones más urgentes. La dirigente detalló que la propuesta se enfoca en tres bloques principales:
- Incrementos en los honorarios de los prestadores de servicios de salud, con actualizaciones ligadas a la inflación para “al menos no perder”.
- Actualización y otorgamiento de pensiones por invalidez, que hoy están por debajo de los $300.000, y la agilización de nuevas pensiones que, aunque aprobadas, sufren “atrasos significativos”.
- Otorgamiento de trabajo para personas adultas con discapacidad, un punto complejo dado que la ley de cupo vigente no se cumple.
A nivel local, la situación en Mar del Plata es de “riesgo de cierre de instituciones”. Machado explicó que muchos centros se sostienen con rifas y ferias, y han tenido que reducir la calidad o el horario de sus talleres. “Hay que pensar todos los incrementos que ha habido en impuestos, en infraestructura, y lo que es sostener un centro de día o una institución educativa con los mismos ingresos que el año pasado. No es viable, no es posible”. El cierre de hogares permanentes o centros de tránsito implicaría que muchas personas con discapacidad perderían su alimentación y apoyo fundamental.
El transporte para personas con discapacidad también está en crisis, cobrando $500 por kilómetro cuando el litro de nafta supera los $1500, lo que reduce la disponibilidad de vehículos y dificulta que las personas lleguen a sus terapias.
La mirada del gobierno y la respuesta del sector
Machado criticó la postura del gobierno que cuestiona el proyecto de ley como una cuestión “asistencialista”. Para ella, esta clasificación demuestra que “el gobierno desconoce realmente el trabajo que se hace con las personas con discapacidad y que el gobierno está posicionado en un modelo anterior de la discapacidad, es el modelo médico hegemónico”. Sostuvo que hay un “plan sistemático y cruel de no valorar a las minorías”, y que la discapacidad es vista como un “gasto y no como una inversión”, reduciéndose a un “número en un excel”.
La representante de Prestadores Unidos Mar del Plata enfatizó que el impacto de la ley en el PBI sería mínimo, un 0.03%, lo que demuestra su viabilidad. Advirtió que si los prestadores privados dejan de brindar el servicio, el Estado no podría garantizarlo públicamente, ya que en Mar del Plata por ejemplo: “no hay ningún lugar público que pueda dar respuesta a todas las personas con discapacidad, por infraestructura, por formación de las personas que se requieren para poder llevar adelante estos tratamientos”.
Subrayó que la ley no busca otorgar nuevos derechos, sino “sostener derechos que están siendo vulnerados”, y que su aprobación es de “vital importancia y de total gravedad”.
La amenaza del veto presidencial
A pesar de la aprobación unánime de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado, el sector se mantiene en alerta máxima ante la amenaza real de veto por parte del presidente Javier Milei. Diversos medios y referentes han advertido que, pese al amplio consenso legislativo y la presión social, el Poder Ejecutivo ha manifestado su rechazo al proyecto. El Gobierno argumenta que la ley implica un aumento significativo del gasto público, principalmente por la actualización automática de aranceles y el fortalecimiento de pensiones y programas, sin que se especifique claramente de dónde saldrán los fondos para cubrir esos compromisos. Las asociaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad ya se están preparando para este escenario, conscientes de que la promulgación efectiva de la norma está en duda y advierten sobre el impacto negativo que tendría un veto presidencial en la atención y derechos de las personas con discapacidad.