
En una nueva avanzada del Gobierno Nacional que conduce Javier Milei, se anunció, entre otros DNU, la liquidación del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, organismos clave en el entramado sanitario argentino. A la par, se creó una nueva estructura burocrática: la Administración Nacional de Establecimientos de Salud de ANSES, a la que pasará a depender el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), entre otros. Estas medidas, lejos de generar alivio, abren interrogantes profundos sobre las prioridades de un gobierno que parece tener como norte el desmantelamiento del Estado.
Diego García, concejal de Unión por la Patria en Mar del Plata, expresó a “el Retrato” su preocupación y repudio por estas decisiones. “Son medidas que uno no comprende”, afirma con claridad. Y va más allá: “Se están liquidando institutos que fueron creados con un sentido, con un objetivo sanitario, social y científico. ¿Quién puede pensar que el Instituto Nacional del Cáncer no cumplía una función esencial en la salud pública?”.
Liquidar la investigación, ocultar el ajuste
Cabe señalar que el Instituto Nacional del Cáncer no sólo coordina tratamientos oncológicos, sino que promueve investigación, prevención, capacitaciones y campañas nacionales. El mismo rol cumplía el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. Ambos atacan de forma directa las dos principales causas de muerte en el país. Su cierre no es simbólico: es un golpe certero a la salud pública, a la ciencia y a la vida.
La retórica oficial, insiste García, gira en torno a una supuesta eficiencia estatal. Siempre se repite que son organismos donde no se hacía nada, que había ñoquis o gente enquistada, estigmatizando a los trabajadores. Es el mismo discurso que se usó en todos los recortes del Estado”. Pero el concejal no se detiene allí. Denuncia que detrás de cada “ajuste” se esconde una sola lógica: liberar partidas para pagar intereses de la deuda, no para mejorar la vida de los ciudadanos.
Un sistema de salud pago y privatizado
“¿No se está matando gente?”, lanza García sin rodeos. La pregunta incomoda, pero refleja el drama cotidiano de millones. “Antes de esta charla, me llamó una vecina por el caso de una joven internada en un geriátrico. La familia no puede comprar los remedios. La obra social no los cubre”. Estas historias no son anecdóticas: son parte de una crisis estructural en la que el Estado deja de ser garante del derecho a la salud para convertirse en espectador.
“El gobierno nacional parece haber elegido el modelo más regresivo y excluyente: un sistema de salud pago y privatizado. Copian modelos que no entendemos de dónde sacan. Estados Unidos es el único país desarrollado sin salud pública universal. Es un sistema donde la salud depende del bolsillo. Europa, en cambio, tiene sistemas universales financiados por el Estado. ¿Por qué imitamos lo peor?”, cuestiona el edil.
Inareps: entre el silencio oficial y el abandono
En Mar del Plata, el caso de Inareps es un símbolo de este vaciamiento. El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur atiende a miles de pacientes, muchos de ellos niños y personas mayores, con patologías que requieren atención prolongada e integral. Sin embargo, ahora quedará bajo la órbita de la ANSES, sin certezas sobre su continuidad o su funcionamiento.
“El que decide recortar a Inareps no conoce ese lugar, no sabe lo que pasa en sus pasillos. Hay chicos que viven toda su vida ahí”, describe García. El traslado a ANSES no parece tener ningún fundamento técnico, sino más bien una estrategia de desarticulación paulatina. “Es una política cruel”, sentencia
“La complicidad municipal y el colapso local”
El concejal también apuntó contra el intendente Guillermo Montenegro, a quien acusó de alinearse sin fisuras al gobierno nacional. “Es un libertario que hace los deberes. El problema es que Mar del Plata sufre una crisis profunda en el sistema de salud. Las salitas están colapsadas, y no se crean nuevos Centros de Atención Primaria, cuando claramente son necesarios”.
La crítica se vuelve más severa cuando García denuncia que el Municipio cuenta con recursos, pero decide no invertirlos donde más se necesitan: “La Tasa de Servicios Urbanos tiene un ítem destinado a salud. Este año se van a recaudar mil millones de pesos, pero no se ve reflejado en mejoras. No es un problema económico, es una decisión política”.
“Mar del Plata tiene un sistema primario que no da abasto y dos hospitales provinciales desbordados. La lógica, explica, debería ser la prevención, trabajar en los barrios, con profesionales, para evitar que la enfermedad avance. Pero en lugar de prevenir, se espera a que la gente llegue grave al hospital, si llega”, describe con crudeza.