Un operativo clave realizado en el cordón frutihortícola de General Pueyrredón revela graves irregularidades en el registro de trabajadores, las condiciones laborales y de vivienda en el sector rural
Así fue como se realizaron importantes procedimientos de allanamiento y fiscalización en establecimientos rurales del cordón frutihortícola de General Pueyrredón, por disposición del Juez Federal Dr. Santiago Inchausti. El operativo, que contó con la participación de diversas instituciones nacionales y locales, buscó garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores rurales.
Fueron parte de este operativo la Policía Federal Argentina, la Delegación RENATRE Buenos Aires Sur, la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ARCA, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y la Delegación UATRE Mar del Plata, encabezada por el Delegado Regional Enrique García, quien tuvo un papel clave en la supervisión del cumplimiento de los derechos laborales en esta fiscalización.
Durante la fiscalización, se detectaron graves irregularidades. Se constató que muchos trabajadores no estaban registrados formalmente y que no se contaba con la Libreta de Trabajo Rural, un documento obligatorio establecido por la Ley 25.191 y la Ley 26.727, que regula la contratación y el registro de los trabajadores rurales. Este incumplimiento pone en riesgo no solo los derechos laborales de los trabajadores, sino también su acceso a prestaciones sociales y otros beneficios.
Asimismo, se observó que las condiciones de trabajo en los establecimientos rurales eran precarias. La infraestructura de las instalaciones no cumplía con los estándares mínimos de seguridad e higiene, lo que expone a los trabajadores a diversos riesgos. Además, muchos no contaban con la ropa de trabajo adecuada, lo que está establecido por la Ley 26.727, en su artículo 19, que obliga a los empleadores a proporcionar la vestimenta necesaria para realizar las tareas de manera segura.
Por si fuera poco, las condiciones de las viviendas ofrecidas a los trabajadores también fueron motivo de preocupación. Según el artículo 20 de la misma ley, los empleadores deben garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en las viviendas de los trabajadores, una norma que en este caso no se cumplió.
Este operativo se suma a la creciente preocupación por la precarización laboral en el sector rural, que también se ha visto reflejada en casos recientes como el de Víctor Díaz, un trabajador rural de San Vicente quien fue despedido sin causa, lo que provocó una denuncia pública sobre los abusos laborales en el campo. La situación de Víctor es solo un ejemplo de una problemática más amplia que afecta a miles de trabajadores rurales en Argentina, que continúan luchando por el respeto de sus derechos y condiciones laborales dignas.
Este tipo de fiscalizaciones son esenciales para proteger los derechos laborales en el sector rural y garantizar que los trabajadores no sean explotados ni se vean obligados a trabajar en condiciones de riesgo. La falta de registros, la precariedad de las viviendas y la ausencia de ropa de trabajo adecuada son solo algunas de las irregularidades que se siguen detectando en muchos establecimientos rurales.
Desde UATRE se remarcó que “El operativo con la participación destacada del Delegado Regional Enrique García de la Delegación Mar del Plata, es un claro recordatorio de la importancia de fortalecer los controles y de seguir luchando por condiciones de trabajo dignas y seguras para todos los trabajadores rurales, un sector que sigue enfrentando desafíos en cuanto a la formalización y el respeto de sus derechos”.