Organizaciones de Derechos Humanos realizaron una conferencia de prensa en las puertas del Palacio Municipal en la que analizaron el fallo del Juzgado de Garantías N.º 4 de Mar del Plata, que ordena al municipio cesar las prácticas de hostigamiento y violencia contra personas en situación de calle.
Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria, sostuvo que “la resolución está dirigida a destacar violaciones a los derechos humanos graves, hechos de violencia física, 
psicológica, vulneraciones a la libertad de las personas en situación de calle. Hechos que veníamos denunciando desde principio de año”.
En este sentido remarcó que “no estamos discutiendo solamente hechos aislados, sino una metodología del municipio, que consiste en no garantizar los derechos de las personas vulneradas, sino que ejerce violencia”.
Sobre la Patrulla Municipal, advirtió que “pudimos identificar el accionar de una virtual patota del municipio que, encapuchados, con autos sin identificar, en nocturnidad se acercaron a las personas en situación de calle, las violentaban, las humillaron, les robaron sus pertenencias”.
Además, Pomares resaltó que a principio de este año “iniciamos una denuncia penal contra el intendente y los funcionarios del área de seguridad por apología del delito y por incumplimiento de los deberes del funcionario”.
“El intendente no solo debió ponerle un freno a esto, sino que aparte debió denunciarlo, tenía la obligación de denunciar hechos ilegales.Lejos de cesar sigue haciendo declaraciones en los medios y en sus redes sociales, donde insisten en defender el accionar ilegal”, sentenció Pomares.
Por su parte Anahí Tanguikian, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue tajante sobre las denuncias realizadas: “Esperamos que todos estos operativos de esta índole, que son absolutamente ilegales y que van contra todo tipo de normativa y leyes se suspendan y los problemas reales de los marplatenses se aborden y no se use como cortina de humo a los cuidacoches o la gente en situación de calle”.