Diputados y Senadores de Unión por la Patria (UxP) solicitaron hoy a la Justicia visitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su detención domiciliaria sin tener que pedir autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla el cumplimiento de la condena de la ex mandataria.
El pedido está plasmado en un escrito presentado ante ese tribunal y donde fundamentan su derecho a visitar a Fernández de Kirchner sin restricciones “en cada oportunidad sea necesaria”, por lo que piden que “se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política”.
Los jueces del TOF 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispusieron que solo haya una lista de personas integrada por familiares, custodia policial, médicos y abogados que la representen que no necesitan autorización, y que fuera de esa nómina se debe pedir autorización.
Ayer estos magistrados habían rechazado un pedido de la defensa de la ex mandataria para recibir visitas sin restricciones y sin tener que pedir permiso a la Justicia, y ahora se sumó el pedido de los bloques de diputados y de senadores de UxP.
“En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella ( nos amparamos en la práctica de visitas a detenidos en prisión domiciliaria sin autorización previa y en normativas internacionales de derechos humanos como el PIDCP y la CADH)”, señalaron
Los legisladores de UxP destacaron que “como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta”.
Señalaron que, de acuerdo a las facultades privativas del Poder Legislativo, “la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo la función de representar al pueblo. Las garantías constitucionales (artículos 67 a 69) buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias”.
También argumentaron que las inmunidades de los legisladores no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para “asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado”.
También destacaron que “impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes. Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”.
Resaltaron que la situación de Fernández de Kirchner, como figura política de “gran relevancia, reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país. Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida”.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, fijó hoy audiencia para el 7 de julio a las 12 para definir sobre el régimen de visitas a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.
CATARATAS DE SOLICITUDES PARA VISITAR A LA EX PRESIDENTA
El Tribunal Oral Federal N°2 recibió 702 correos electrónicos con solicitudes para visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. La avalancha de mensajes se produjo luego de que Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta, publicara en redes sociales la dirección de correo institucional del tribunal e instara a los usuarios a enviar sus pedidos.
“Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa”, expresó Dalbón en su cuenta de “X”, en respuesta directa al fallo firmado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes rechazaron el pedido de flexibilizar el régimen de visitas.
Como consecuencia del posteo, la casilla oficial del tribunal colapsó por la cantidad de mensajes recibidos. Así lo constató la secretaría del TOF N°2 en un informe elaborado este martes a las 15:30 horas, donde se dejó asentado que todos los correos solicitaban autorización para ingresar al domicilio de la calle San José 1111, donde Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
Ante este escenario, los jueces decidieron no contestar ninguno de los correos y notificaron a los abogados defensores, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que las solicitudes deben ser canalizadas exclusivamente por la propia Kirchner, quien debe incluir los datos personales de cada visitante. Además, entregaron a la defensa el listado completo con las 702 direcciones electrónicas, para que defina si desea incorporar a alguna de esas personas como visitante autorizada.
En paralelo, fuentes judiciales deslizaron que el envío masivo de correos podría haber tenido la intención de obstaculizar el funcionamiento del tribunal. “La situación generó un desgaste innecesario”, advirtieron desde Comodoro Py en condición de anonimato.
Por otro lado, desde la defensa señalaron que las restricciones impuestas al régimen de visitas afectan directamente “los derechos políticos y partidarios” de la exmandataria. Según explicaron, condicionar su vínculo con otros dirigentes a una autorización judicial previa interfiere con su actividad política, aun cuando no ejerce actualmente funciones públicas.
Asimismo, los representantes legales de Cristina advirtieron sobre el “desgaste jurisdiccional” que generaría la obligación de justificar cada encuentro por fuera del listado presentado, y reclamaron un esquema más ágil que contemple el rol político de la dirigente.
Finalmente, a pesar de estos planteos, el Tribunal ratificó su decisión y descartó modificar las condiciones actuales. Con la apelación en curso, la resolución final quedará en manos de la Cámara de Casación.