Profesionales residentes del sistema de salud volvieron a manifestarse este martes frente a la sede de Zona Sanitaria VIII, en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales. La protesta, que forma parte de una serie de acciones a nivel provincial y nacional, busca visibilizar el contexto de precarización en el que se desempeñan quienes forman parte del Programa de Residencias Interdisciplinarias en Salud (PRIM).
Nair González, médica residente de Medicina General en el CAPS Libertad, explicó que el reclamo se enmarca en un contexto más amplio: “Estamos acompañando el reclamo principal que se está dando a nivel nacional, con residentes del Garrahan, el Posadas y el Binarie Pzaka. Aunque ellos dependen de Nación y nosotros de Provincia, las condiciones son similares. Por eso pedimos que el reclamo no quede solo en Nación, sino que incluya a todos los ministerios que deben respaldarnos”.
Además de medicina general, el PRIM incluye residentes de psicología, trabajo social y obstetricia, muchas de las cuales también participaron de la manifestación. A pesar de ser profesionales con título universitario, seleccionados por concurso y examen, sus ingresos están muy por debajo del costo de vida actual.
“Un residente ingresante cobra entre 800 y 900 mil pesos. Los que estamos más avanzados rondamos el millón 300, pero eso incluye guardias y plus por estar en especialidades estratégicas, como medicina general. Sin embargo, psicología, trabajo social u obstetricia no reciben esos adicionales, a pesar de cumplir jornadas similares”, detalló González.
Las condiciones contractuales también son motivo de preocupación. Muchos residentes trabajan en Centros de Atención Primaria (CAPS), dependientes del municipio, pero contratados por la provincia. Esta dualidad genera vacíos en la provisión de insumos y materiales. “Provincia no nos manda materiales, y el municipio solo provee para el personal de planta. Tenemos que limitar nuestras prácticas por falta de insumos básicos, desde agujas hasta elementos para realizar un Papanicolau”, explicó la profesional.
La situación se agrava porque, a pesar de ser quienes sostienen buena parte de la atención primaria, muchos vecinos desconocen que la mayoría del personal de los CAPS son residentes. “No saben que existimos. No hay reconocimiento institucional, ni salarial”, agregó González. Tampoco han recibido respuestas por parte de funcionarios municipales o provinciales, ni se ha convocado a una reunión para discutir sus demandas.
En cuanto a los pasos a seguir, los y las residentes planean realizar una asamblea interna para unificar criterios y presentar un reclamo más articulado entre todas las especialidades y niveles del sistema. “La idea es que el reclamo sea lo más equitativo posible. Hay residentes del Materno Infantil, del HIGA, de centros de salud municipales. Muchos vienen de otras localidades y deben alquilar con sueldos que apenas alcanzan para vivir”, concluyó González.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el hartazgo crece entre quienes, con vocación y compromiso, sostienen los niveles básicos de atención del sistema público de salud en General Pueyrredón.