Luego de las polémicas por la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia reactivó la investigación de la causa Correo Argentino, que involucra al expresidente Mauricio Macri, por presuntas irregularidades en el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A., empresa históricamente controlada por el Grupo Macri.
En las nuevas disposiciones, el Máximo Tribunal desestimó un recurso de queja presentado por los directivos Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, y ratificó la continuidad del expediente de la Causa Correo Argentino, que desde 2017 instruye el juez federal, Ariel Lijo.
Asimismo, en una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el intento de apartar a los jueces, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Cámara Federal porteña, a quienes los imputados acusaban de tener “enemistad manifiesta” con el expresidente.
La decisión también incluyó la exigencia de un depósito económico a los demandados, bajo apercibimiento de ejecución, lo que refuerza la vigencia procesal de la causa. Esta medida tiene efectos concretos: refuerza la negativa al planteo de la defensa y preserva la continuidad de la causa sin nuevas dilaciones.
Es preciso recordar que, el expediente de la Causa Correo Argentino había perdido notoriedad pública, pero volvió a posicionarse en la agenda judicial luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese contexto, el fallo sobre el caso Correo cobra mayor relevancia por alcanzar a figuras cercanas al expresidente, e incluso al propio Macri.
Los imputados Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Kleidermacher, habían solicitado la recusación de los camaristas Farah y Boico. Alegaron que sus vínculos pasados con causas que involucraban al kirchnerismo “invalidaban su objetividad”, y que la causa tenía “un claro contenido político” que buscaba “poner de rodillas” al exmandatario.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimaron el planteo de los acusados por falta de fundamentos objetivos, por lo que la Causa Correo Argentino, podría probar que Macri favoreció a su propia familia desde el Estado durante su presidencia, continúa vigente.
En tanto, la presentación de los acusados ante la Corte Suprema fue en carácter de queja por denegación de un recurso extraordinario, pero el alto tribunal consideró que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable, tal como exige la Ley 48 para habilitar su intervención. Así, el rechazo fue contundente y confirmó la vigencia del trámite penal.
Además, junto a Cibils Robirosa y Kleidermacher, también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exdirector de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos fueron indagados por el juez Lijo, quien lleva adelante la instrucción con el objeto de determinar si hubo delitos en la negociación del acuerdo.
Por el momento, desde el entorno de Macri no hubo declaraciones públicas tras la decisión. Sin embargo, fuentes cercanas al expresidente reiteraron que el acuerdo con Correo Argentino fue aprobado por los órganos de control y convalidado en instancias administrativas previas.
Causa Correo Argentino: qué es, cuál es el rol de Macri
Es preciso mencionar que, la causa Correo Argentino se remonta al año 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo para cancelar la deuda que Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado desde la rescisión del contrato de concesión en 2003.
Según denunció la fiscal Gabriela Boquin, el pacto entre el Estado y el Correo, es decir, la propia familia de quien presidía el país en ese entonces, implicaba una quita del 98,87% del monto adeudado. En ese entonces, la fiscal calificó el acuerdo como “ruinoso y abusivo”, y logró que se frenara su ejecución.
La empresa, que había estado en manos del Grupo Macri, mantenía desde entonces un conflicto judicial por una deuda millonaria acumulada, tras no haber cumplido con los pagos correspondientes durante la concesión. En febrero de 2016, el Ministerio de Comunicaciones, entonces a cargo de Oscar Aguad, firmó un acuerdo con la compañía para saldar la deuda.
Por su parte, la fiscal logró frenar judicialmente el acuerdo y desde entonces la causa quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo. En ese marco, fueron imputados tanto Aguad como el entonces titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Manuel Mocoroa, además de ejecutivos de la empresa como Cibils Robirosa y Kleidermacher, representantes del Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA, la empresa de la familia del expresidente.
Con la última resolución de la Corte Suprema, que rechaza el apartamiento de la causa a los jueces de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Roberto Boico, se reactivó formalmente la causa Correo Argentino que había perdido visibilidad en los últimos años, y que mantiene en vilo al expresidente Macri.
De esta manera, la Causa Correo Argentino vuelve a estar en la agenda judicial y política, con la atención puesta sobre los vínculos entre el expresidente Macri con los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema, y el accionar del Estado durante su mandato entre 2015 y 2019. No obstante, la causa continúa en etapa de instrucción y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos meses.