La defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner, presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 para que se aclare si, en el marco de la prisión domiciliaria, tiene permitido salir al balcón de su vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El planteo apunta a precisar los alcances de las restricciones impuestas por la Justicia para evitar futuras sanciones.
El pedido fue realizado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron una “aclaratoria” sobre el punto III.b de la resolución judicial que obliga a la exmandataria a “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Según los letrados, la falta de definición sobre si ese punto prohíbe o no expresamente permanecer en espacios abiertos de su domicilio, como el balcón, puede derivar en consecuencias legales para su representada. “Deviene imprescindible que V.E. indique si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial, y en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción”, argumentaron en el escrito.
La presentación, realizada pocas horas después de la notificación formal de la resolución, se apoya en el artículo 126 del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la ley 48. En ese marco, la defensa dejó planteada la reserva del caso federal y advirtió que podría acudir a organismos internacionales de derechos humanos si no se garantiza la precisión normativa requerida.
Además, los abogados remarcaron que la expresidenta ha cumplido con todas las condiciones impuestas por la Justicia desde que dejó el poder en 2015. “Cristina Kirchner ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución”, señalaron.
La solicitud se conoció en la previa de la movilización convocada por el peronismo en Plaza de Mayo para manifestar el rechazo al fallo judicial que ratificó la condena en su contra por la causa Vialidad. En ese contexto, desde sectores de la militancia especulan con la posibilidad de que la presidenta del PJ encabece un discurso transmitido virtualmente desde su hogar, lo que en principio no estaría impedido por el régimen de prisión domiciliaria.
Sin embargo, el pedido de aclaratoria revela que cualquier acción pública, incluso en un espacio privado como su balcón, podría quedar sujeta a interpretación judicial. Por eso, la defensa solicitó que el Tribunal resuelva “a la mayor brevedad posible” para garantizar seguridad jurídica y evitar medidas arbitrarias.
Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 deberá pronunciarse sobre el alcance real de las condiciones impuestas en la etapa de ejecución de la condena. Puntualmente, deberá determinar si la exmandataria puede utilizar sectores abiertos de su vivienda, como el balcón, sin vulnerar el régimen de prisión domiciliaria.
Los requisitos que deberá cumplir Cristina para mantener la domiciliaria
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 le impuso a Cristina Kirchner una serie de condiciones que deberá cumplir estrictamente para conservar el beneficio de permanecer detenida en su vivienda ubicada sobre la calle San José, en el barrio porteño de Montserrat.
Entre las condiciones centrales figura la obligación de permanecer en el domicilio fijado, con excepción de “situaciones extraordinarias” que deberán ser notificadas y debidamente justificadas ante el tribunal. Además, Cristina Kirchner deberá portar una tobillera electrónica, lo que permitirá a las autoridades realizar un control permanente sobre sus movimientos.
Otro punto clave apunta que los magistrados le ordenaron “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
La expresidenta deberá presentar en un plazo de 48 horas hábiles un listado con los nombres de quienes estarán habilitados a visitarla sin necesidad de autorización judicial. Ese grupo estará conformado por familiares directos, el personal policial encargado de su custodia, los abogados que la representan y los profesionales médicos que la asisten de manera regular.
Fuera de ese listado, cualquier otra persona que desee ingresar a la vivienda deberá contar con un permiso judicial previo.
Por último, los jueces establecieron que todas las condiciones de detención domiciliaria serán objeto de una revisión cada tres meses. En cada evaluación se determinará si corresponde mantener el esquema actual o introducir modificaciones, ya sea a favor o en perjuicio de la condenada.