El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 manifiesta su preocupación por el desmantelamiento del Programa Procrear .
Desde 2012 el Procrear venia facilitando el acceso a la vivienda propia a cientos de argentinos y argentinas que utilizaban esta herramienta para financiar en gran parte la construcción y/o refacción de las mismas.
Desde su implementación se proporcionó el acceso a la vivienda, la ampliación de las existentes o su refacción a 530.000 hogares .
Entre 2020 y 2023 se adjudicaron, a través de este programa, 130.000 préstamos para acceder a la vivienda propia.
En el contexto del costo elevado de la construcción, inédito históricamente en las últimas décadas en nuestro país, con valores de alquileres inalcanzables para el ciudadano medio y como única herramienta para acceder a una vivienda los créditos hipotecarios Uva, con el riesgo financiero que conlleva en una nación sin garantías de estabilidad económica, no existe hoy en día la posibilidad de acceso sostenible a una vivienda propia.
La Cámara Argentina de la Construcción registró en 2024 un déficit de 3,2 millones de viviendas en Argentina . Tomado como déficit la ausencia de las mismas o las falencias habitacionales de las existentes.
Otro punto importante es tener en cuenta el impacto económico que este programa imprimía a nuestras comunidades, generando, a lo largo de su desarrollo en forma directa decenas de puestos de trabajo referenciados con la construcción, los gremios intervinientes y la provisión de materiales, y en forma indirecta con la logística y los servicios que requiere esta industria.
“Nuestra matrícula acompañó técnicamente estos procesos en sus diferentes modalidades e implementaciones, lo que redundó en una significativa salida laboral y una herramienta para el desarrollo profesional”, señalan desde la Mesa Directiva.
Para los arquitectos y las arquitectas la baja del programa Procrear implica una importante pérdida de trabajo profesional , que se suma a las dificultades ya instaladas, como la clausura de la obra pública, el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación, los altísimos costos de la construcción en dólares y la lógica instalada de la especulación financiera que impide que las obras y los emprendimientos inmobiliarios se inicien y se desarrollen.