La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja extraordinaria presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dictada en la causa Vialidad, que investigó 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz adjudicadas al empresario Lázaro Báez.
La resolución —suscripta por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti— se limitó a invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, declarando “inadmisible” el recurso sin pronunciarse sobre el fondo. Con ello, quedó agotada la vía interna y se habilita únicamente la instancia internacional.
Fundamentos principales
- Defensa insuficiente: La Corte consideró que la presentación no cumplió con los requisitos de fundamentación autónoma previstos por la ley 48.
- Sin agravio federal: El voto mayoritario sostuvo que los planteos no acreditaron gravedad institucional ni afectación concreta a garantías constitucionales.
- Validez del proceso: Ratificó la actuación del Tribunal Oral Federal N.º 2 y de la Cámara de Casación al descartar supuestas violaciones al principio acusatorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Efectos inmediatos
- Condena firme: Fernández de Kirchner quedó con sentencia definitiva y, de acuerdo con el fallo original, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
- Ejecución de la pena: El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá iniciar el trámite de ejecución. La defensa anticipó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reacciones y contexto
La decisión llega en medio de una fuerte tensión política. Dirigentes del peronismo calificaron la medida de “proscripción”, mientras que el oficialismo libertario celebró el dictamen como “histórico”. Fuentes judiciales señalaron que el expediente se resolvió tras varias semanas de análisis interno y el circuito de firmas digitales iniciado esta tarde.
Cristina Kirchner quedó en condiciones de recurrir a la CIDH
La ex presidenta Cristina Kirchner quedó en condiciones de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Su defensa lo había anunciado en reiteradas ocasiones y dejó reserva de recurrir a tribunales internacionales en diversos escritos y ahora este será el único camino que le quede.
Para concretar el planteo ante la CIDH se deben dar ciertos pasos procesales, la mayoría de los cuales ya están concretados en este caso, en el cual la condena incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En primer lugar se deben haber agotado las instancias internas de apelación, algo que la Corte confirmó este martes al rechazar los recursos en queja de todos los acusados.
Casación ya había confirmado las condenas en noviembre de 2024 y también las absoluciones por el delito de asociación ilícita, al rechazar las apelaciones de la fiscalía.
Ahora se abrirá una nueva etapa en la cual los defensores de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, tendrán que fundamentar ante ese tribunal internacional que hubo graves violaciones a garantías procesales y constitucionales o algún tipo de connivencia entre la estructura estatal y judicial.
En primer lugar, la CIDH examinará si la petición es admisible y si fue presentada en los plazos previstos, seis meses desde que se considera agotada la última instancia de apelación a nivel nacional.
También se evalúa que no haya otra investigación similar abierta por el mismo tema.
Si la Comisión admite el pedido, solicitará al Estado argentino que presente un informe y en paralelo la defensa de Cristina Kirchner tendrá que entregar argumentos y prueba.
En el transcurso del proceso, se podría convocar a audiencias públicas o presentar escritos y al final de este camino la CIDH dará a conocer un “informe de mérito” con su conclusión vinculada a eventuales violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En base a esta conclusión, la Comisión puede recomendar a la Argentina que enmiende las irregularidades denunciadas y si hay incumplimiento, impulsar una demanda ante la Corte Interamericana, cuya sentencia es vinculante.
Mientras todo esto ocurra, la ex Presidenta quedará detenida e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Por su edad puede pedir el arresto domiciliario, algo que resuelve el Tribunal Oral Federal 2, como instancia de ejecución de todas las condenas.