Organizaciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad se manifestaron este miércoles frente a la Municipalidad de Mar del Plata para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto de colapso del sistema y tras polémicas declaraciones del director de la ANDIS.
Una importante movilización se congregó frente a la Municipalidad de Mar del Plata. El objetivo central fue exigir la sanción inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida considerada urgente ante el colapso del sistema de prestaciones, el abandono institucional y la crítica situación que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad en todo el país. La manifestación, apoyada por diversas organizaciones y prestadores, busca visibilizar la problemática y demandar una respuesta estatal efectiva.
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad atraviesa una grave crisis de desfinanciamiento, con retrasos en los pagos a prestadores y bajos honorarios, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales. La Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia nacional en el sector hasta diciembre de 2027, garantizando derechos básicos como salud, educación, rehabilitación, protección social y trabajo para este colectivo. Además, propone regularizar pagos, actualizar aranceles, fortalecer instituciones como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), asegurar la financiación de pensiones no contributivas y promover el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.
La movilización se da en un marco de fuerte controversia generada por declaraciones vinculadas al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Se dio a conocer Spagnuolo habría afirmado: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
Esta frase generó un amplio rechazo por parte de organizaciones, familias y referentes del sector, quienes consideran que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en garantizar los derechos y servicios para las personas con discapacidad. El Foro Permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, impulsor de la Ley de Emergencia y denunció públicamente el abandono estatal y el desfinanciamiento del sistema, considerando la postura de Spagnuolo como una forma de desentenderse del compromiso estatal y agravar la crisis.
Juan Goldar, referente de la asociación de transportistas, subrayó la magnitud de la problemática: “Es una emergencia en discapacidad, que ocurre en todo el país. El primer damnificado es la persona con discapacidad, pero nos incluye a todos los prestadores en discapacidad, que estamos dentro y trabajamos con la ley de prestaciones básicas a las personas con discapacidad, la ley 2490, qué es la que estamos pidiendo que se modifique”. Goldar añadió que muchos compañeros y prestadores están trabajando “a pérdida”.
Por su parte, Jesica Machado, de Prestadores Unidos MDP, enfatizó la unidad del sector: “Acá no hay partes. Somos todos una gran comunidad que apoya a las personas con discapacidad y sus familias. Es por eso que el reclamo hoy es mancomunado”. Machado explicó que la movilización busca visibilizar la situación y exigir que “se trate la Ley de Emergencia en Discapacidad y para que nos oigan, porque parece que no somos oíbles”. Detalló que los prestadores llevan “más de cinco meses que no cobramos, no tenemos incrementos en nuestros honorarios profesionales, se han recortado terapias”, pero aclaró que estos son solo algunos de los múltiples reclamos, que incluyen también la necesidad de políticas públicas en relación a la discapacidad y el cobro de pensiones no contributivas.
Santiago Navone, una persona con discapacidad que acudió a la marcha en silla de ruedas, expresó un profundo sentimiento de discriminación. Respecto a la frase del director de la ANDIS, afirmó: “Totalmente. La verdad que lo que ha dicho el director de la Secretaría de Discapacidad en realidad es una vuelta a una concepción de la discapacidad que es totalmente discriminatoria porque el problema de la discapacidad es un problema social”. Navone recalcó que las personas con discapacidad son “sujetos de derecho” y que la Constitución Nacional y la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad garantizan el derecho a la rehabilitación, la calidad de vida y el trabajo. Ilustró la interconexión de los problemas al señalar que, sin un acompañante terapéutico, le sería imposible llegar a su trabajo, y criticó la falta de un sistema de transporte accesible en ciudades como Mar del Plata. “Sigue estando presente el prejuicio de la discapacidad como una cuestión de las familias y entonces hay una política muy cínica que busca ahogar a las familias en un contexto de recesión económica impresionante y busca condenar a las personas con discapacidad que volvamos al siglo XIX. Ya estamos en el siglo XXI”, manifestó. Concluyó que lo que se está viviendo es “la violación de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos”, y la necesidad de “ponerle un freno a esto de una vez y para siempre”.