El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata reanudó este lunes el juicio oral y público que tiene como único imputado a Roberto Tagliabué, el pastor evangélico acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.
En la audiencia, el hombre que también dirigía un supuesto centro de rehabilitación de las adicciones ubicado a 200 metros de su iglesia, prestó declaración durante 50 minutos y luego fue interrogado durante más de una hora por el Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por la fiscal federal Laura Mazzaferri y las auxiliares fiscales Diana Arias y María Eugenia Montero de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y la auxiliar fiscal Victoria Sassola de la PROTEX -quien asiste a la audiencia de manera telemática-.
Luego, ante el pedido de la fiscala para evitar una posible revictimización, se retiró el público presente en la sala para la reproducción del testimonio de una de las nueve víctimas por las que está siendo acusado Tagliabué.
Esa declaración había sido grabada en la etapa de instrucción, conforme lo que establece el artículo 250 quáter del Código Procesal Penal de la Nación (que las víctimas de trata y explotación de personas sean entrevistadas por un psicólogo), a través del sistema de Cámara Gesell, con presencia de todas las partes del proceso, a modo de prueba anticipada.
Allí, la mujer que habitaba en una vivienda adyacente a la iglesia, relató cómo llegó hasta el lugar, las tareas que allí realizada y se explayó también en torno a otros aspectos que hacen a la imputación seguida contra el pastor.
La acusación
En concreto, Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai -ubicada en el barrio Pueyrredón, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata hacia el suroeste-, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.
Según la acusación fiscal -expuesta por las representantes del MPF en la audiencia inicial del lunes pasado– , los hechos se encuadran entre el 2001 y agosto de 2022 cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes -uno de ellos captado cuando aún era menor de edad y otro con una situación de discapacidad-, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y/o económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.
Algunos de ellos fueron derivados incluso por la justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.
La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.