
Los gremios marítimos se oponen a la solicitud de las cámaras empresarias del sector congelador de langostinos de recortar el salario por producción de los marineros. La flota permanece paralizada mientras el Ministerio de Trabajo intenta mediar en el conflicto.
El sector pesquero marplatense enfrenta un agudo conflicto laboral tras la propuesta de las cámaras empresarias de la flota congeladora de langostinos de “readecuar” el convenio colectivo de trabajo. Las cámaras Capeca, Capip y Cepa solicitaron al Ministerio de Trabajo una reducción del 30% en el salario por producción de los marineros, justificando la medida por la supuesta inviabilidad económica de la actividad. Los empresarios argumentan que el costo de la tripulación representa el 60% de las exportaciones del barco, situación que consideran insostenible en el contexto económico actual.
El Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), junto a otros gremios del sector como el SOMU, rechazó la propuesta. Pablo Trueba, secretario general de SIMAPE, calificó la iniciativa como “una aberración” e “inaceptable”, especialmente proviniendo de lo que considera “la flota más rica y rentable de la pesca: la flota congeladora”.
“El gobierno no puede obligar a homologar un convenio a la baja”, afirmó Trueba, argumentando que esto “va en contra de las leyes internacionales, nacionales y de la Constitución, porque el trabajador tiene el derecho de progresar”. Adicionalmente, el gremio advierte que una reducción salarial del 30%, sumada a una inflación proyectada del 25% al 30% para el presente año, implicaría una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores de aproximadamente el 60%.
Trueba cuestionó la coherencia de la postura empresarial al señalar que en años anteriores, cuando el precio del langostino se comercializaba a valores superiores, “jamás, en esos momentos, plantearon aumentos salariales como ahora están planteando una rebaja”. El secretario general de SIMAPE sostuvo que “el costo empresarial lo tienen que absorber ellos” y cuestionó si los gerentes de empresas con capital extranjero han aplicado reducciones similares a sus propios salarios o costos administrativos.
A diferencia de los paros gremiales, que están sometidos a conciliación obligatoria, la actual paralización constituye una decisión unilateral de las empresas. La flota tangonera congeladora permanece paralizada desde hace meses, poniendo en crisis económica a los trabajadores, quienes sobreviven con empleos eventuales mientras esperan que se reactive la pesca. SIMAPE interpreta esta paralización como una estrategia empresarial para generar contratos individuales por fuera del convenio colectivo, ante la negativa sindical de aceptar la rebaja salarial. Trueba describió esta metodología como “el método más perverso por donde se lo mire” y contrastó la situación con el sector fresquero de la pesca, que se encuentra actualmente en discusiones paritarias.
Aunque se ha convocado una reunión entre las partes para intentar resolver el conflicto con mediación del Ministerio de Trabajo, las posiciones se mantienen firmes. “En caso de que se abra aguas nacionales, que salgan a pescar con el convenio vigente. Pero a la baja: nada”, concluyó el dirigente sindical.