En las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial para frenar los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que impone nuevas restricciones al ejercicio del derecho a huelga, y se sumó así al repudio de los distintos gremios que apuntaron contra la nueva medida del Gobierno.
De esa manera, la central obrera solicitó que la Justicia declare la invalidez constitucional de la norma impuesta por el Gobierno nacional de La Libertad Avanza, y advirtió que su aplicación “afectaría gravemente la libertad sindical” y la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores.
Entre los principales fundamentos, la CGT argumentó que el DNU de Milei amplía de manera arbitraria el listado de actividades consideradas “servicios esenciales”, e impone niveles de prestación mínimos, del 75% al 50%, que en la práctica vuelven casi imposible la realización efectiva de medidas de fuerza.
En tanto, para la CGT esta situación configura una “violación directa” al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a tratados internacionales con jerarquía constitucional como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su presentación ante la Justicia, la CGT también cuestionó las formas elegidas por el Poder Ejecutivo para imponer esta reforma, al sostener que el decreto fue dictado sin que existan las condiciones de necesidad y urgencia requeridas por la Constitución, en un contexto donde el Congreso se encuentra funcionando con normalidad. “La reforma del derecho a huelga no puede realizarse por decreto”, señala el escrito presentado por la central.
Por este motivo, la CGT solicitó una medida cautelar para suspender inmediatamente los artículos 2° y 3° del DNU, con el objetivo de evitar “perjuicios irreparables al movimiento obrero”, y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Es preciso mencionar que, la presentación judicial se formalizó pocos días después de que uno de los líderes de la central obrera, Héctor Daer, se reuniera con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, para anticiparle sobre el avance de una acción legal contra el DNU que limita el derecho a huelga en caso de que la administración libertaria no retroceda.
El decreto en cuestión fue publicado el pasado 21 de mayo y amplía de forma significativa las actividades comprendidas como “esenciales”, y además de los sectores ya regulados, incorpora al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, los cuales deberán garantizar el 75% de la prestación durante una huelga.
Asimismo, el DNU de Milei introduce una nueva figura: las actividades “de importancia trascendental”, que incluyen industrias clave como la alimentación, la metalurgia, la construcción, el comercio, la banca, la gastronomía y las vinculadas a la exportación, con la exigencia de mantener el 50% del servicio.
En este sentido, la presentación de la CGT abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo nacional y el movimiento obrero, en un contexto de creciente tensión social y económica. Desde la central obrera aseguraron que “no permitirán retrocesos” en materia de derechos laborales y advirtieron que, si la Justicia no actúa, recurrirán a organismos internacionales para denunciar la situación. Mientras tanto, sindicatos de diferentes ramas evalúan nuevas medidas de fuerza en rechazo al DNU que limita el derecho a huelga.
Al igual que la CGT, ATE judicializó del DNU que limita el derecho a huelga
Por su parte, el gremio de estatales nacionales que encabeza Rodolfo Aguiar también presentó un recurso de amparo que recayó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20. “El DNU de Milei es acto de una autoridad pública que lesiona y altera en forma actual y/o inminente un derecho trascendental”, puntualizaron desde el gremio.
“Solicitamos el dictado de una Medica Cautelar Innovativa o en su caso de no innovar -ante la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora existente en el caso- a fin de que se ordene la suspensión de los efectos del art. 3 del DNU 340/25, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, establece el escrito judicial presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En ese marco, Aguiar justificó la presentación del recurso de amparo al afirmar que la medida es de “una inconstitucionalidad manifiesta”. “El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada”, añadió.
“Más allá de la mayor o menor intensidad con la que en cada país se regula el derecho de huelga, existe consenso respecto a que, en el ámbito de los denominados servicios esenciales, su ejercicio puede ser limitado. La Organización Internacional del Trabajo se ha referido muchas veces al tópico, y sus distintos órganos fueron construyendo una jurisprudencia”, remarcaron desde ATE.