Este lunes 26 de mayo se inició en los tribunales federales de Mar del Plata el juicio oral contra Roberto Luis Justo Tagliabue, pastor evangélico cuyas actividades en el barrio Pueyrredon son objeto de investigación judicial desde comienzos de siglo. El proceso se desarrolla en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) ubicada en Luro 2455.
Tagliabue enfrenta imputaciones por delitos que incluyen trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina. Adicionalmente, se le imputan cargos por comercialización de fauna silvestre (97 animales) y maltrato animal (154 animales), surgidos a raíz de hallazgos durante los allanamientos realizados en las fincas vinculadas al caso principal.
La causa se centra en presuntas acciones donde el pastor habría acogido a personas con adicciones bajo el pretexto de un programa de rehabilitación, para luego someterlas a trabajos en sus emprendimientos. El proceso judicial ha generado atención debido al respaldo comunitario manifestado hacia Tagliabue, con personas que sostienen que su labor representó una ayuda significativa para individuos con problemáticas de adicción.
La acusación de la fiscalía
Durante la jornada de apertura, la Fiscalía expuso su teoría del caso, alegando que Tagliabue habría establecido una red desde 2001 que se valía de la vulnerabilidad de hombres en situación de pobreza, con problemáticas de consumo de sustancias y, en muchos casos, en conflicto con la ley penal.
Según la acusación, el esquema operaba desde diversos puntos que incluían la iglesia El Shaddai con una vivienda anexa, un comedor, un minimercado y una forrajería, siendo en esta última donde presuntamente funcionaba el centro de rehabilitación. La Fiscalía sostiene que el pastor utilizó su rol para establecer un vínculo asimétrico con estas personas, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante su explotación laboral.
La acusación detalla que las instalaciones no contaban con habilitación médica ni dirección profesional, y que se ejercían mecanismos de coerción, como la restricción de comunicaciones y movimientos, además del control del dinero.
Respecto a la explotación laboral, se detalló la realización de tareas no registradas en venta ambulante, albañilería y comercio, con jornadas no limitadas e ingresos mínimos o nulos. La Fiscalía también denunció la retención de planes sociales y pensiones, más cobro de diezmos y la imposición de multas (al violar medidas impuestas por el mismo pastor), a pesar de que el programa se ofrecía como gratuito.Además se mencionó repetidamente una causa por acoso sexual.
El abogado defensor lo calificó de “un hombre sencillo”
La defensa del pastor, encabezada por el penalista Mauricio Varela, rechazó las imputaciones y describió a su defendido como un “hombre sencillo” y afirmó que las acusaciones “no pueden estar alejadas de la verdad”. Destacó que el pastor lleva tres años privado de su libertad y enfatizó su compromiso social de larga data.
Según la defensa, Tagliabue generó espacios de ayuda como un templo, un comedor y un hogar, sostenidos en parte con sus propios fondos. Varela negó la existencia de lucro o captación involuntaria, aseverando que la asistencia brindada era de carácter espiritual y que Tagliabue, como “guía espiritual”, no necesitaba un título habilitante.
La defensa argumentó que los trabajos tenían como fin proporcionar herramientas para el futuro de los individuos y que el pastor “no cobró nada de eso, no generó dinero con eso”. Varela calificó la acusación como una “lectura muy sesgada y antirreligiosa”, argumentando que constituye una “amenaza a la solidaridad” y una violación a la libertad religiosa.
Adicionalmente, la defensa cuestionó la credibilidad de la acusación, señalando la ausencia de signos de enriquecimiento personal por parte del pastor. Se destacó que el propio Estado previamente derivaba personas al pastor, y que durante años no se detectaron irregularidades en los controles.
Por otro lado, la defensa anunció la presentación de quince testigos que podrían testificar a favor del acusado durante el proceso judicial.