El Parlamento italiano ratificó el martes 20 de mayo, el Decreto Ley 36, que reforma las normas de acceso a la ciudadanía italiana. La medida, aprobada por 137 votos contra 83 en la Cámara de Diputados, se implementó inicialmente el 28 de marzo y ahora aguarda su publicación. Esta reforma introduce modificaciones sustanciales que inciden principalmente en la ciudadanía por descendencia (iure sanguinis) y la adquisición para hijos menores.
Para comprender el alcance y las implicaciones de estas modificaciones, conversamos con Marcelo Carrara, coordinador del MAIE (Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior). Según Carrara, la comunidad fue sorprendida por el decreto, el cual altera “radicalmente la ley de ciudadanía italiana”. No obstante, durante el transcurso del tratamiento parlamentario, se lograron introducir algunas enmiendas puntuales que buscan mitigar los efectos más drásticos:
- No afectará a quienes ya obtuvieron la ciudadanía italiana.
- No alcanzará a quienes hayan adquirido un turno para trámites de ciudadanía por reconstrucción antes del 28 de marzo pasado, ya sea en consulados o en comunas de Italia. Estas personas podrán gestionar sus expedientes con la normativa anterior (requisitos solicitados hasta el 27 de marzo pasado).
- No se modifica el trámite ni los requisitos para la ciudadanía italiana por matrimonio, que seguirá siendo en los mismos términos anteriores.
Uno de los aspectos más afectados es la ciudadanía por derecho de sangre (iure sanguinis) para descendientes de italianos nacidos en el exterior. La nueva norma limita la ciudadanía por reconstrucción a dos generaciones, exigiendo que el solicitante sea hijo o nieto de un ciudadano italiano. En el caso del abuelo, este debe haber sido ciudadano italiano al momento del fallecimiento o al momento de otorgar el derecho. Si el padre es el otorgante, deberá haber sido ciudadano italiano o haber residido en Italia al menos dos años de forma regular y continuada antes del nacimiento del hijo que solicita la ciudadanía.
Para bisnietos y generaciones posteriores, la reforma contempla la apertura de un cupo de permisos de residencia con autorización de trabajo para descendientes de países con alta inmigración italiana, como Argentina, Brasil o Uruguay. Quienes accedan a esta posibilidad deberán acreditar su vínculo de descendencia y residir al menos dos años en Italia para luego solicitar la ciudadanía por reconstrucción, una medida que especialistas califican como un ‘ius solis encubierto’.
Respecto a los hijos menores de edad, la ciudadanía podrá adquirirse si uno de sus padres es ciudadano italiano por nacimiento y declara la voluntad de transmitirla. Si la declaración se efectúa antes del primer año del menor o dentro del año posterior al establecimiento de la filiación, la adquisición será automática. De lo contrario, el menor deberá residir legalmente al menos dos años continuos en Italia. Los hijos de ciudadanos italianos por nacimiento que sean menores a la fecha de publicación de esta ley tendrán hasta el 31 de mayo de 2026 para presentar su declaración de voluntad.
Finalmente, el decreto introduce una novedad para la recuperación de la ciudadanía, desde el próximo mes de julio, se abrirá un período de dos años para que las personas que nacieron o vivieron al menos dos años en Italia y que tuvieron la ciudadanía italiana y la perdieron, puedan recuperarla.
Impacto en la comunidad y la vía judicial
Marcelo Carrara enfatizó que esta nueva ley tendrá un impacto considerable. Describió la implementación como “un golpe bastante duro” y lo concibe como “un ataque directo a nuestra Sudamérica”, donde existe una numerosa colectividad de descendientes.
La reforma impacta directamente en la exclusión de “millones de personas” al limitar la ciudadanía por descendencia a dos generaciones. Esto afecta particularmente a bisnietos y tataranietos que antes tenían acceso, y que ahora quedan fuera de este derecho. La medida resuena especialmente en países como Argentina y Brasil, que concentran una vasta población de descendientes italianos. Carrara estimó que solo en Argentina, “podemos hablar de potenciales 20 millones de personas que podrían haber accedido a la ciudadanía” las cuales ahora se ven afectadas.
Carrara señaló que “ahora también comienza otra etapa, que es la judicial”. Quienes tenían derecho a la ciudadanía bajo la normativa anterior y son excluidos por esta reforma, tendrán habilitada la vía de reclamo judicial, apelando a la inconstitucionalidad de la norma. Además, la vía judicial seguirá siendo necesaria para casos de transmisión por vía materna, y los reclamos por falta de turnos consulares también continuarán por esta vía.
De cara al futuro, Carrara indicó que la lucha continúa y que “seguramente se seguirá trabajando para revertir algunas cosas de la ley, como sucede en todo ejercicio parlamentario: volver a presentar una ley que mejore esta situación a futuro”, concluyó.
Cabe destacar que la comunidad de italianos por descendencia tienen una fecha clave en el calendario: el próximo 24 de junio, el Tribunal Constitucional tendrá una audiencia por consultas de 4 tribunales (Florencia, Bolonia, Roma y Genova), en torno a reclamos de inconstitucionalidad de la ley 91/92, que podrían dar indicios de un posicionamiento del tribunal a favor o en contra de la reforma aprobada hoy en el Parlamento.