Durante la madrugada de este martes, el Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para indagar en las denuncias vinculadas al Caso Libra, en el que se encuentra envuelto el propio jefe de Estado. }
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial este martes a través del Decreto 332/2025, y se fundamenta en que la unidad investigadora “ya habría cumplido con el objetivo establecido”, aunque aún no se conocen los datos sobre la indagación, ni la resolución respecto a la culpabilidad del Presidente.
En el texto oficial, Cúneo Libarona argumenta que “la información recopilada por la unidad fue remitida al Ministerio Público Fiscal” y que, en consecuencia, la UTI “ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N° 114/25”.
De esta manera, el Poder Ejecutivo da por concluido el rol del equipo especial que había sido activado tras el escándalo financiero generado por el desplome de la memecoin, que fue inicialmente promocionada por el propio Presidente desde sus redes sociales oficiales y que abrió el Caso Libra.
Es preciso mencionar que, el Caso Libra comenzó a generar ruido el 14 de febrero de este mismo año, cuando Milei compartió en sus redes sociales mensajes de respaldo a la criptomoneda en sus cuentas oficiales. El anuncio tuvo un fuerte impacto en los mercados digitales, y el valor de $LIBRA, que partía desde niveles mínimos, se disparó por encima de los 5 dólares en pocas horas.
Sin embargo, la euforia duró poco, ya que a las pocas horas, los desarrolladores del proyecto se retiraron de la plataforma sin previo aviso, el token perdió casi todo su valor y miles de usuarios reportaron pérdidas significativas.
El fenómeno fue calificado por expertos y damnificados como un posible caso de “rug pull”, una maniobra de estafa recurrente en el universo cripto, en la que los promotores de una moneda digital abandonan repentinamente el proyecto luego de captar fondos, y las denuncias contra Milei alcanzaron incluso escala internacional.
En Estados Unidos, un grupo de inversores presentó una demanda colectiva contra el jefe de Estado argentino por “presunta promoción engañosa”, bajo la acusación de que utilizó su investidura presidencial para otorgarle credibilidad a una inversión que resultó ruinosa.
En ese contexto, a partir del decreto 114/2025, el Gobierno había creado la UTI con el fin de “investigar si existieron irregularidades o delitos financieros asociados a $LIBRA”, con representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), y otros organismos con competencia en delitos económicos.
De acuerdo al escrito que salió en el Boletín Oficial, el trabajo de la unidad investigadora debía centrarse en rastrear posibles vínculos entre los promotores del token y funcionarios del Gobierno, además de verificar si hubo incumplimientos legales en la divulgación pública de la moneda.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo disolvió la unidad al argumentar que el material recabado ya fue entregado a la Justicia. Sin embargo, hasta el momento, no se han publicado resultados ni informes oficiales sobre las conclusiones a las que llegó el equipo, e incluso se desconoce la identidad de los desarrolladores de $LIBRA, como así también si existieron conexiones concretas con el entorno presidencial.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la causa penal por el Caso Libra seguirá su curso, y aseguran que “continúan recabando pruebas para determinar si hubo delitos vinculados a estafa, lavado de activos o conflicto de intereses”. La investigación, por ahora, se encuentra en etapa preliminar.
Pese al cierre de la unidad creada especialmente por el Gobierno para abordar este escándalo, las preguntas sobre el origen y el colapso de $LIBRA siguen sin respuestas claras. Y aunque el Ejecutivo haya considerado “cumplida” la misión de la UTI, el proceso judicial podría arrojar nuevas implicancias políticas y penales en los próximos meses.
Caso Libra: cómo avanza el caso en la Justicia
Es preciso recordar que, la semana pasada, la jueza federal María Servini tomó una medida clave en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, al ordenar el congelamiento de bienes y cuentas de al menos diez empresarios y operadores financieros involucrados en la promoción y comercialización del activo digital que fue respaldado públicamente por el presidente Milei.
La decisión de la jueza fue tomada tras detectar movimientos financieros irregulares y millonarios durante los días posteriores a la difusión del token, y entre los principales apuntados por la Justicia se encuentran empresas con domicilio en Estados Unidos, Uruguay y El Salvador, a las que se vincula con operaciones de retiro masivo de fondos tras el desplome del valor de la criptomoneda.
Es que, Servini sospecha que estas maniobras pudieron haberse realizado con información privilegiada o como parte de un esquema de estafa deliberado. En paralelo, la magistrada amplió las medidas de investigación hacia actores del ecosistema cripto nacional que podrían haber facilitado las maniobras, y pidió colaboración a organismos como la UIF y la AFIP para rastrear el flujo de fondos y verificar el origen de las transferencias, al tiempo que solicitó información a empresas proveedoras de servicios de billeteras digitales y exchanges de criptomonedas.
La causa también avanza con la recolección de testimonios de usuarios damnificados, quienes aseguran haber invertido en $LIBRA motivados por la validación del presidente Milei y por una serie de campañas virales que circularon en redes sociales. Aunque el Gobierno dio por cerrada la etapa investigativa del Caso Libra mediante la disolución de la UTI, la Justicia continúa con el expediente penal abierto y con nuevas medidas que podrían alcanzar a otros implicados.