El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, le pidió al juez federal Daniel Rafecas asumir el rol de querellante en la causa por presunta defraudación a la administración pública por más de 138 millones de pesos en el marco de una ayuda financiera que otorgó el gobierno de Alberto Fernández. Voytenco se basó en la denuncia que impulsó el interventor de la obra social del gremio (Osprera), Marcelo Petroni, y apuntó al antecesor de éste como también al titular de la Superintendencia de Salud, Gabriel Oriolo.
El disparador de la contraofensiva de Voytenco, en la mira del gobierno de Javier Milei por estar acusado por lavado de dinero en otro expediente, se debe a la denuncia que Petroni presentó a raíz de la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que a fines de abril pasado declaró nula la rendición de cuentas aprobada el 7 de diciembre de 2023, a tres días de cambio de gobierno.
Según consta en la documentación oficial, OSPRERA había obtenido una ayuda financiera de la gestión de Fernández por 3.488.512.584 de pesos efectuada el 3 de octubre de 2023 y los mismos debían ser rendidos en dos meses. Según consta en la resolución que da origen a la denuncia del interventor, ligado políticamente a Eduardo “Lule” Menem, la liquidación efectuada fue por 3.350.190.354 de pesos. Hay un faltante de 138.322.230 de pesos, lo que promovió la demanda por defraudación a la administración pública, acusación que conlleva una pena de dos a seis años de prisión.
La resolución de la SSS apunta que “el proceso aplicado para la aprobación de tal rendición fue sospechosamente veloz” y que en la misma se observan “algunas inconsistencias”, en relación a que el monto recibido no coincidía con el entregado. En consecuencia, se anuló la rendición y la SSS intimó a OSPRERA a que devuelva la suma faltante, más los intereses devengados hasta el presente, como así también la advertencia de una denuncia penal posterior. En paralelo, el organismo ordenó la realización de una auditoría interna por los sucedido.
Crece la tensión en UATRE y la oposición a Voytenco insiste con la normalización
Frente a ello, Voytenco tomó la denuncia para pedir ser tomado como querellante y ante Rafecas advirtió: “No podemos dejar de advertir que la denuncia adolece de falencias relacionadas con la delimitación de la base fáctica. Tampoco se analiza con precisión el juicio de autoría y el análisis de la subsunción resulta genérica e imprecisa”. Voytenco, quien asumió al frente de UATRE en 2020 tras la muerte de Ramón Ayala, describió dos hechos para exponer al ex interventor Horacio Acuña y a Oriolo ante la falta de precisión en la denuncia.
Tanto Acuña como Oriolo son dos personajes cuyos jefes políticos se encuentran en un momento de alta tensión en el conocido “Triángulo de Hierro” que rodea a Milei. Así como Petroni responde al armador electoral de Karina Milei, Oriolo obedece las órdenes Santiago Caputo. Cerca de Voytenco interpretaron que la interna entre la hermana del Presidente y el poderoso asesor juega su parte ya que la denuncia de Petroni salpica a Oriolo al producirse recién un año después del cambio de gobierno. La convivencia de Petroni y Oriolo se complica con el paso del tiempo.
Qué dice la presentación de Voytenco
El líder de UATRE recordó que por la causa que tramita en un juzgado federal de Santa Rosa, en la que está sospechado por administración fraudulenta y asociación ilícita, se definió la intervención de OSPRERA entre marzo de 2023 y junio de 2024. “Durante ese período, Horacio Acuña fue designado por el juez para que en su carácter de interventor administrara la obra social, sometiendo su accionar al contralor del Tribunal de la Pampa”, mencionó. Asimismo, indicó que el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, en octubre pasado, suspendió por 120 días al consejo directivo de la obra social. El gremialista recalcó que, debido a ello, actuó como presidente de la entidad los 104 días que transcurrieron desde el fin de la intervención de Acuña y la decisión de Villena.
En la descripción de fechas que propuso, destacó que la temporalidad en la que se solicitó y entregó la ayuda financiera “coincide con la intervención judicial dispuesta por el Juzgado de la Pampa” y que “en ese momento el consejo directivo había sido desplazado y no recuperó las funciones hasta el 10 de junio de 2024”. Acusó que la investigación presenta una “vaguedad de la descripción material”.
Por eso, en un primer hecho plantea que el juez investigue si la rendición de cuentas anulada “fue llevada a cabo conforme a derecho y si la misma se condice con la realidad económica de lo acontecido”. Y fue más allá: “Aquí no se deberá buscar falencias meramente formales, se deberá definir si los fondos entregados a la OSPRERA fueron aplicados y utilizados legalmente por el interventor Horacio Acuña”.
La Justicia desestimó el pedido del Gobierno para intervenir la UATRE
Y en el segundo hecho, fue directo contra Oriolo y y el Gerente de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Pierre Ganchegui: “Conocían desde hace casi un año la supuesta ilegalidad de la aplicación de fondos y pese a ello nunca dispusieron la realización de la denuncia pertinente por lo que omitieron cumplir acabadamente con sus obligaciones funcionales”. Debido a ello, cree que hubo “omisión dolosa de denunciar” porque “nunca cumplieron con su obligación de poner en conocimiento de la justicia el desvío patrimonial”.
En consecuencia, pidió que se investigue a Acuña por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso real con el delito de defraudación por administración infiel”. Y tanto a Oriolo como a Ganchegui por el delito de “encubrimiento agravado en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público al omitir denunciar”.