El dirigente sindical Guillermo Bianchi advirtió sobre “despidos por goteo” en Mar del Plata y sostuvo que la negativa oficial a validar el aumento salarial del 8,3% responde a presiones del FMI.
En una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, su secretario general Guillermo Bianchi anunció que el gremio rechazará la convocatoria del Gobierno Nacional para revisar el acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresariales.
“Después de muchos esfuerzos, logramos con la parte patronal ponernos de acuerdo en un 5,4% para el trimestre de julio y tres montos fijos, constituyendo un aumento total del 8,3%”, explicó Bianchi sobre el acuerdo que incluye una suma de 40.000 pesos en julio que se incorporará al básico.
El dirigente criticó la decisión del Ministerio de Economía de no homologar aumentos superiores al 1% mensual. “El Estado no puede pisar las paritarias ni prohibir los aumentos salariales. Su función en la homologación es revisar que el acuerdo tenga equilibrios y no se sobreponga a ninguna ley ni convenio”, sostuvo.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio, que representa a más de 1,2 millones de trabajadores a través de 320 sindicatos, se declaró en estado de alerta y movilización. El gremio local ratificará esta postura en un plenario de delegados convocado para mañana.
Según Bianchi, la negativa del Gobierno responde a que “ha perdido el control de la economía a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, que exige reformas previsional, laboral y tributaria. “Pisan las paritarias porque es una forma de pisar los ingresos de las mayorías” afirmó.
Respecto a la situación en Mar del Plata, el sindicalista advirtió que la ciudad “no escapa de la realidad económica general” y que la depresión en el consumo “es muy notoria”, lo que genera “despidos por goteo” donde pequeñas empresas que tenían tres trabajadores pasan a tener dos o uno.
También expresó preocupación por el impacto del período de prueba extendido a seis meses sobre el trabajo de temporada. “Si puedo contratar a una persona de noviembre a abril por seis meses ¿Qué sentido tiene contratarla por temporada? Evidentemente, hay mecanismos en la ley que vulneran derechos y precarizan el empleo”, cuestionó.
“Ninguna medida se descarta”, concluyó Bianchi sobre las acciones que podrían tomar si el Gobierno persiste en su postura.