La reciente decisión de la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), encabezada por Marcelo Petroni , quien fuera designado interventor por el Gobierno Nacional, ha generado una fuerte controversia. Según denunció la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), 78 pacientes con enfermedades graves, muchos de ellos en pleno tratamiento oncológico, fueron desalojados de los hoteles que la organización gremial mantiene en la Ciudad de Buenos Aires.
Los afectados, afiliados a la obra social, se encontraban alojados con sus familias en estos establecimientos, donde recibían no solo hospedaje sino también contención integral, con cuatro comidas diarias -incluidas dietas especiales-, asistencia psicológica, trabajo social y ayuda administrativa para gestionar sus tratamientos. Todo esto, aseguran desde la UATRE, venía siendo costeado por el gremio desde hace tres años, luego de que OSPRERA rompiera unilateralmente un convenio que contemplaba la atención de estos beneficiarios.
Afirman que “La intervención, sin previo aviso, ordenó también el cierre nocturno de la boca de expendio que funcionaba en el lugar, clave para la tramitación de órdenes médicas, autorizaciones y seguimiento de los pacientes. Ahora, los afiliados deberán desplazarse hasta la sede central de la obra social para realizar estos trámites, lo que implica mayores gastos y dificultades, especialmente considerando que muchos provienen del interior del país y no están habituados a movilizarse en una ciudad como Buenos Aires”.
La UATRE manifestó que, a pesar del accionar de la intervención, los beneficiarios podrán permanecer en los hoteles del gremio y seguirán recibiendo asistencia. No obstante, acusan a la intervención de “presionarlos mediante llamados individuales, instándolos a trasladarse a hoteles contratados por la nueva gestión, los cuales -según advierten- se ubican en zonas inseguras y no ofrecen las mismas condiciones de acompañamiento”.
Desde sectores gremiales sostienen que esta decisión se inscribe en una lógica de “ajuste encubierto” y mercantilización de la salud. Además, denuncian que “la intención es reemplazar la atención humana por sistemas digitales, eliminando 725 puntos de atención en todo el país. Este esquema, alertan, ignora por completo las particularidades del ámbito rural, donde la conectividad es escasa y la atención presencial resulta indispensable”.
La intervención no ha emitido hasta el momento una comunicación oficial sobre los motivos detrás de estas decisiones. Mientras tanto, desde la UATRE sostienen que seguirán defendiendo judicialmente a los trabajadores y afiliados, y acusan al Gobierno de usar la salud como una herramienta política.
“El sistema de salud no puede convertirse en un negocio. No vamos a permitir que se juegue con la vida y la dignidad de los trabajadores rurales”, señalaron desde el gremio. En medio de este conflicto, el futuro de los beneficiarios de OSPRERA permanece incierto y bajo una tensión que crece día a día.